El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que su intervención en la ejecución del proyecto Vía Expresa Sur, a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se enmarca en sus competencias y en la normativa vigente. La acción se originó el año pasado, luego de una denuncia presentada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En ese sentido, el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, rechazó las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien calificó como acoso político el inicio del proceso sancionador por la falta de certificación ambiental para el desarrollo de las obras en el corredor vial sur.
“Nosotros recibimos una denuncia de la OEFA en octubre de 2024 y se notificó a la MML que su certificado ambiental venció el 2020. En marzo de este año se verificó la situación y se les notificó que requerían ese instrumento para iniciar obras. La MML sabía que no tenía el certificado ambiental. Queda claro que este es un procedimiento normativo que cualquier entidad o empresa debe cumplir. Rechazo que exista un acoso político. Aquí lo que hay es la defensa de la norma en resguardo de los intereses públicos”, afirmó el viceministro.
Por su parte, la directora general de Asuntos Ambientales del MTC, Milagros Verástegui, explicó que la declaratoria de emergencia y de interés público emitida por la Municipalidad de Lima, mediante una ordenanza, para su proyecto de la Vía Expresa Sur, no está categorizada como un “evento catastrófico” o una “emergencia vial”.
Verástegui subrayó que, debido a este incumplimiento, la MML incurrió en una falta muy grave y tiene un plazo de quince días hábiles para presentar sus descargos. Este caso se suma a otras 117 intervenciones que realiza el MTC en todo el país.
Finalmente, el jefe del Gabinete de Asesores del MTC, Alberto Rojas, reafirmó que las acciones del ministerio se desarrollan siempre con apego estricto al marco legal vigente.