Las tareas de destrucción de plantaciones ilegales de hojas de coca en Bolivia han quedado paralizadas mientras dure la emergencia contra el COVID-19, informó el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
A pesar de la emergencia sanitaria producto del COVID-19, la lucha contra el narcotráfico no se ha descuidado, pero "la erradicación de coca estos días pasó a un segundo plano", sostuvo Murillo, citado en un comunicado de prensa de su oficina.
"En este momento no estamos con eso (erradicación de coca), tenemos un fuerte control del narcotráfico porque es lo que más nos está preocupando en este momento y también estamos ayudando a nuestras tropas para que no se mueva mucho la gente, para controlar el COVID-19”, afirmó el ministro interino.
Unos 1.300 militares y policías iniciaron el pasado 14 de febrero las labores de destrucción de cultivos ilícitos de coca en
Bolivia, con una meta de poco más de 8.500 hectáreas en dos áreas donde la planta se produce de forma masiva.
Estas áreas son los Yungas de La Paz, considerada una de las zonas tradicionales productoras de hojas de coca, y el trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del expresidente Evo Morales, que se mantiene como máximo dirigente de los cocaleros de ese lugar.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución de
Bolivia vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.
Bolivia tiene desde 2017 una ley que subió la superficie de cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas. En
Bolivia existen 23.100 hectáreas de cultivos de coca, según el informe de monitoreo que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó a mediados de 2019.
Aquel reporte también estableció que el trópico de Cochabamba concentra el 34 por ciento de estas plantaciones con unas 7.787 hectáreas, mientras que el resto corresponde principalmente en los Yungas paceños.