La Contraloría General, en el marco del Megaoperativo de Control en la región Moquegua, halló irregularidades en la contratación directa para la ejecución del proyecto de suministro e instalación de materiales para la electrificación de módulos temporales de las comunidades afectadas por el proceso eruptivo del volcán Ubinas, ocurrido en julio del año 2019.
Tras el incremento de la actividad volcánica, se declaró en emergencia los distritos aledaños al volcán. En ese contexto la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y el Gobierno Regional de Moquegua (GRM), formularon una ficha de emergencia para instalar módulos temporales y para dotarlos con energía eléctrica.
Entre octubre y diciembre de 2019, el área de Logística del GRM invitó a cotizar el servicio de electrificación y adjudicó de manera directa a una empresa privada, la cual debía ejecutar el servicio en un plazo de 30 días calendarios por la suma de S/ 788,449.
Sin embargo, el Informe de Control Específico N° 005-2022-2-5347 (periodo de evaluación del 1 de junio de 2019 al 30 de marzo de 2020) evidenció que en la regularización de la contratación directa (realizado en diciembre de 2019), funcionarios y servidores del GRM permitieron la inclusión de una nueva empresa, a través de la figura del consorcio, pese a que la misma no había participado en la fase de indagación del mercado y no contaba con la experiencia suficiente.
No se aplicó penalidad al contratista
Según la Contraloría, en la ejecución de la contratación, no se aplicó penalidad al contratista por la demora en la entrega de material eléctrico (postes) y por la demora en la subsanación de observaciones, lo que constituyó un perjuicio económico de S/ 78,844 en contra de la entidad. Por estas razones se halló presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro servidores de la DREM y el GRM.
El informe de control fue comunicado al titular del Gobierno Regional para el deslinde de las responsabilidades y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, para el inicio de las acciones legales contra los servidores identificados, precisó la Contraloría finalmente.
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