La Contraloría General de la República desarrollará durante los siguientes cuatro meses un “megaoperativo de control al gobierno nacional”, que implica acciones en los tres poderes del Estado y en los organismos constitucionales autónomos, anunció el titular de la mencionada entidad, Nelson Shack.
“Se movilizarán más de 1500 auditores y vamos a intervenir prácticamente todas las instituciones del gobierno nacional”, indicó el funcionario, durante la presentación de esta operación.
Precisó que en el caso del Poder Ejecutivo la intervención abarcará a 265 entidades, mientras que en el Poder Judicial se abarcará a su central, a las cortes superiores de Lima, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y Cusco, así como a la Academia de la Magistratura.
Los organismos autónomos que serán objeto del operativo son, a su vez, diez: el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, el Reniec, la Fiscalía de la Nación, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Tribunal Constitucional.
Shack señaló que ya se tiene información sobre 300 casos de corrupción y de inconducta funcional en el ámbito del gobierno nacional. Los detalles de ellos “verán la luz” durante los próximos cuatro o cinco meses, indicó.
“Luego de eso le generaremos harta chamba a las otras entidades del Sistema de Control”, indicó. Precisó que “casi la mitad de los auditores disponibles” estarán abocados a estos procesos de supervisión, que abordarán “denuncias y demandas de control y denuncias periodísticas”.
Deslinde de funcionarios
Asimismo, Shack dijo que la Contraloría ha pedido a 8730 funcionarios públicos hacer un deslinde de responsabilidades, tras detectarse que “han cometido irregularidades en transacciones por un valor de 5735 millones de soles”. Estas han representado pérdida contable para el Estado ascendente a 1134 millones de soles, apuntó.
Indicó también que de estos funcionarios, 6500 han incurrido en responsabilidades administrativas, mientras que 3500 tienen responsabilidad penal y 3400 responsabilidad civil. Algunos de estos tienen más de un tipo de estas responsabilidades.
Precisó, además, que la procuraduría de la Contraloría procesará a 979 funcionarios, al habérsele restablecido a esta entidad su facultad sancionadora. Por tratarse de una instancia de esa índole, la sanción a aplicar es solamente la inhabilitación, explicó.
De otro lado, Shack anunció que este año se desarrollarán acciones de control “en todos los distritos del Perú”. “Lo vamos a hacer por primera vez”, manifestó.
Consideró, en tal sentido, que para la segunda mitad del presente año se avanzará con ello en por lo menos 600 municipios distritales, de los 1694 que existen en el país.
Reclama nueva ley de contrataciones
En otro momento de su presentación, Shack reclamó la dación de una nueva Ley de Contrataciones del Estado. Señaló que esto “es una responsabilidad del Ejecutivo”, principalmente.
Consideró que “el sistema de inversiones es muy complejo y especializado, y no hay gente calificada en el Estado para poder llevar estas inversiones”. Ello y la falta de especialización llevan a situaciones como la registrada en 2022, cuando solo se gastaron en activos financieros u obras 47 mil millones de soles de los 66 mil millones que estaban disponibles para tal fin, dejándose de gastar más de 18 mil millones de soles.
En cuanto a las obras públicas paralizadas, detalló que estas suman 1904. El costo de ello asciende a 22517 millones de soles, dijo Shack.
(FIN) FGM/CVC
JRA
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Published: 3/9/2023