El trabajo remoto se extenderá hasta el 31 de julio del 2021, anunció hoy el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante su presentación en el Congreso de la República.
“Se extenderá el trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021. A la fecha, se registran más de 220,000 ‘trabajadores remotos’, evitando el riesgo de contagio del covid-19 en los centros de labores”, manifestó.
Pedro Cateriano reconoció que la crisis del covid-19 generó la pérdida masiva de empleos, por lo cual el Gobierno aplicará este año medidas que eviten la destrucción de más puestos de trabajo y promuevan la creación de empleo digno para más peruanos.
“En el último año, solo en Lima, se perdieron cerca de 2.7 millones de empleos. Sin embargo, el reinicio de las actividades económicas y la recuperación progresiva de las diversas actividades e industrias han permitido la recuperación de cerca de 2 millones de empleos”, dijo.
“No obstante, se advierte que el incremento tiene lugar principalmente en empleos informales. Esta situación evidencia la existencia de un alto riesgo de precarización del empleo, lo que implica que muchos trabajadores pasen a una situación de mayor vulnerabilidad”, agregó.
El primer ministro enfatizó la urgencia de que la reactivación económica venga acompañada de incentivos para crear y sostener más y mejores empleos formales, con protección social, teniendo siempre como objetivo el bienestar de las personas.
“En este sentido, adoptaremos medidas que facilitarán la continuidad de las actividades laborales de manera segura y posibilitarán el cumplimiento de los derechos laborales a pesar del contexto de crisis”, afirmó.
Suspensión perfecta
Pedro Cateriano sostuvo que la suspensión perfecta de labores (licencia sin goce de remuneración) se estableció como un mecanismo temporal que busca la sostenibilidad de las empresas, las cuales son el principal motor de generación de empleo, evitando que estas se vean forzadas a adoptar medidas más gravosas, como la extinción de los contratos de trabajo o la disolución y liquidación de la empresa.
“A la fecha, se han resuelto aproximadamente el 50% de solicitudes de suspensión perfecta a nivel nacional. Asimismo, para los trabajadores que forman parte de esta medida, el Gobierno dispuso el otorgamiento de una prestación económica de protección social de emergencia, cuyo procedimiento de pago se inició hace dos días, el 1 de agosto”, dijo.
Además, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que la crisis derivada de la pandemia ha ocasionado problemas de incumplimiento involuntario en el pago de beneficios sociales.
“Conscientes de ello y procurando la conciliación y la reposición del derecho más que la imposición de multas, se usarán dos mecanismos que, con la intervención de la inspección del trabajo, ayudarán a solucionar estos problemas, el Plan de Recuperación y la Conciliación Administrativa, para que empleadores y trabajadores acuerden la forma de dar cumplimiento a los beneficios laborales impagos a causa de la grave afectación económica causada por el Covid”, dijo.