La Contraloría detectó que el Gobierno Regional de Ucayali habría otorgado de manera irregular autorizaciones para el aprovechamiento de recursos forestales que permitieron la extracción ilegal de 1,495.77 metros cúbicos de madera, específicamente de especies amenazadas de extinción.
La auditoria a la gestión 2012-2013 halló que la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre (DEFS GORE) Ucayali otorgó 9 permisos de aprovechamiento forestal en base a solicitudes con información falsa que se consignó tanto en las actas de inspección ocular como en los informes técnicos correspondientes.
A pesar de las evidentes inexactitudes que presentaban los documentos mencionados, la dependencia regional avaló el contenido y otorgó las autorizaciones que permitieron la extracción ilegal de madera de las especies Copaiba, Huimba, Lupuna, Mashonate y Quinilla, categorizadas como especies amenazadas de flora silvestre.
También de la especie Tornillo, que se encontraban en zonas no autorizadas en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo.
En este caso se habrían incumplido disposiciones vigentes sobre el aprovechamiento forestal, bajo la modalidad de permisos en bosques de tierras privadas y comunidades nativas, contemplado en la Directiva N° 001-2003-
Inrena-IFFS “Otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en tierras de propiedad privada”.
Asimismo, de la Directiva N° 29-2007-Inrena-IFFS “Otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en bosques de comunidades nativas y campesinas de selva y ceja de selva”.
Toda vez que lo detectado constituyen un daño irreparable al patrimonio natural del país, su valor resulta incalculable debido a que no puede cuantificarse monetariamente sino que trasciende lo económico al generarse el riesgo de pérdida de biodiversidad, que vulnera las medidas tomadas por el Estado peruano para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.
Lo detectado evidencia indicios de la existencia de la comisión de delitos de Responsabilidad por Información Falsa contenida en informes, y el delito de Responsabilidad de Funcionario Público por el otorgamiento ilegal de derecho, tipificados en el Código Penal.
De los 1,495.77 metros cúbicos que se extrajo de manera ilegal, se movilizaron 883.33 metros cúbicos (323.85 de madera rolliza y 559.48 de madera aserrada) existiendo un volumen de 612 metros cúbicos que no se encuentran registradas con Guías de Transporte Forestal.
(FIN) NDP/LIT/MAO