La Comisión Permanente del Congreso aprobó la investigación a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por haber cometido el presunto delito de prevaricato al emitir la sentencia que devolvió la condición de lesa humanidad a los hechos ocurridos en el penal de El Frontón, en 1986.
Como se recuerda,
un grupo de exmiembros de la Marina de Guerra del Perú, denunciaron al actual titular del TC,
Manuel Miranda y los integrantes,
Carlos Ramos, Eloy Espinosa y María Ledesma, por haberle dado dicha condición a lo ocurrido tras un develamiento en dicho centro penitenciario.
En tal sentido, por amplia mayoría, la Comisión Permanente determinó darle un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para realizar una investigación y emitir un informe al respecto.
Luego de la denuncia de un grupo de exmarinos, quienes consideraron que los magistrados del TC violaron el principio de “inmutabilidad de la cosa juzgada”, los integrantes del organismo constitucional denunciaron este hecho ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El pedido tiene el objetivo final de destituirnos y amedrentarnos ante decisiones que a futuro tengamos que tomar y se convierte en instrumento de represalia por el contenido de nuestras decisiones jurisdiccionales”, aseguró la magistrada Ledesma.
El TC emitió en marzo pasado una resolución que subsana su fallo del año 2013 en el que determinó que el caso El Frontón no podía ser considerado como un crimen de lesa humanidad.
Al subsanar dicho fallo, el caso El Frontón ha sido reabierto, lo cual generó fuertes críticas en algunos sectores políticos e incluso una denuncia constitucional contra los magistrados del TC que votaron a favor del fallo que subsana la sentencia del año 2013.
(FIN) JCC/CVC
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Published: 11/4/2017