La Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que las reformas que se han realizado en el sistema peruano de pensiones no han dado los resultados esperados.
En su último informe “El futuro de las pensiones en el Perú”, la OIT alertó que las brechas de cobertura siguen siendo altas y persistentes, y la capacidad del sistema de ofrecer pensiones suficientes, que garanticen el poder adquisitivo del jubilado, se ha reducido de forma preocupante.
“En tiempos de paz y de crecimiento económico, los adultos mayores sin cobertura son invisibles. Esta crisis obliga a todos a mirarlos de frente. La pandemia de covid-19 nos ha demostrado con crudeza que, cuando existen estas brechas de cobertura, ellos son las primeras víctimas”, dijo el director de la OIT para los Países Andinos, Philippe Vanhuynegem.
“Un sistema ineficaz de protección social en salud y pensiones, ahora lo vemos claramente, deja a nuestros adultos mayores en una gran vulnerabilidad”, agregó.
Según el estudio, publicado hoy por la OIT, los niveles de cobertura del sistema peruano de pensiones resultan alarmantemente bajos si se les compara con los promedios regionales.
Para el 2018, los cotizantes, como proporción de la población ocupada, alcanzaron su nivel máximo con un 26%, muy por debajo del promedio del resto de América Latina (44.6%).
En ese mismo periodo, solo el 20% de los adultos mayores de 65 años recibía una pensión contributiva, incluyendo los regímenes público y privado. Si se suma el impacto del programa Pensión 65, el nivel de cobertura sube al 44% de los adultos mayores, también muy alejado del promedio regional que presenta un nivel del 70.8% de cobertura cuando se considera la pensión contributiva y la no contributiva.
“Está claro que, al pensar una reforma integral del sistema de protección social en el Perú, dada la incidencia de la informalidad laboral y la precarización del empleo, se debe pensar en una combinación de esquemas semicontributivos –ligados o no al empleo– o no contributivos que alcancen a segmentos de difícil cobertura y de baja capacidad contributiva”, sostuvo el especialista en Seguridad Social de la OIT, Pablo Casalí.
Prestación universal
En este sentido, el informe recomienda establecer una prestación universal para la población que no accede a las pensiones contributivas, financiada por impuestos, para ampliar la cobertura a los grupos considerados más vulnerables como los trabajadores independientes, rurales y migrantes, entre otros.
“Los sistemas de seguridad social están pensados para hacer frente a las contingencias en la vida de las personas: vejez, enfermedad, discapacidad, etc. Y su relevancia se pone en evidencia cuando enfrentamos contingencias externas e inevitables como esta pandemia”, acotó Vanhuynegem.
“Sin embargo, las reformas necesarias y urgentes deben hacerse teniendo a la persona en el centro de las preocupaciones, y a los más vulnerables de manera particular. También, se requiere tener una visión de largo plazo, evitando desnaturalizar los objetivos del sistema de seguridad social”, añadió.
El informe también alerta sobre cómo las reformas implementadas hasta el momento en el sistema peruano de pensiones, incluyendo la creación de un sistema previsional privado y los arreglos normativos posteriores como la Ley 30425 han terminado por desnaturalizar los objetivos y principios de la seguridad social.
En este punto, el informe califica como preocupante que la mayoría de los pensionistas que accedieron a una jubilación bajo la Ley 30425, ya sea de forma anticipada o por edad legal, no superen los 65 años de edad.
El informe analiza también la suficiencia de las prestaciones. Aquí, queda claro que el sistema previsional peruano, entre el periodo 2009-2018, ha reducido de forma considerable su capacidad para sustituir las rentas de la etapa en actividad de un trabajador.
Si se compara con el sueldo mínimo, por ejemplo, la tasa de reemplazo pasa del 100% al 66% en este periodo. Es decir, mientras que en 2009 la pensión de jubilación promedio (del sistema público y privado) era equivalente al sueldo mínimo, en 2019 solo equivale al 66% del salario mínimo, con el impacto que esto tiene en el poder adquisitivo real del pensionista.
Finalmente, la OIT alerta sobre un aspecto distintivo del sistema peruano de pensiones: la falta de participación de los actores sociales en su administración, un requisito importante prescrito por el Convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social de la OIT, ratificado por el Perú en el año 1961.
“La crisis que vivimos hoy supone una oportunidad para avanzar en la búsqueda de consensos para que, cuando esta pueda ser mitigada, se puedan dar pasos firmes hacia una reforma del sistema peruano de seguridad social, sobre la base de un diálogo social tripartito”, dijo Vanhuynegem.
“La urgencia es clara, pero lo es también la necesidad de no reaccionar sin la reflexión pertinente, de no desmantelar el sistema que existe hoy de manera improvisada, y de convocar a los actores sociales a participar en este proceso”, recomendó el director de la OIT para los Países Andinos.