Por Sonia Millones AlvaradoRosa Mendoza, una joven invidente nacida en Huancayo, ha logrado algo que para muchos parecía imposible: estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tomar fotografías. Ella tiene una frase con la que reta al mundo: “Hay que atreverse a hacer algo diferente y utilizar los sentidos del corazón”.
Para esta mujer de 25 años, la ceguera que tiene desde los dos años de edad no le ha impedido luchar y superar diversos obstáculos. El camino, como dice, nunca será fácil.
Ingresó a San Marcos, y empezó otro reto: estudiar Derecho por medio del tacto y oído. Rosa culminó la carrera con mucha satisfacción. “Ahora uno de mis desafíos es encontrar un trabajo estable”, comenta.
El terror cotidiano
Una de las grandes batallas de las mujeres con discapacidad es la lucha contra la violencia de género en sus diferentes modalidades.
“Estamos expuestas a situaciones desagradables. A veces cuando espero el bus, algún hombre me habla, insiste en acompañarme, en invitarme algo… He tenido que mentir para cuidar mi integridad. Siempre nos sentimos amenazadas. Hay hombres muy invasivos. A unas amigas les han hecho tocamientos indebidos, y no han podido denunciar a los agresores porque no tienen la herramienta de la visión”.
Situación vulnerable
De acuerdo a los Censos Nacionales 2017, en el Perú existen 3’051,612 personas con alguna discapacidad. Del total, el 57% (1’739,169) son mujeres. A pesar del alto número y las situaciones de vulnerabilidad a las que ellas están expuestas, faltan más acciones a favor de este sector.
Elizabeth Caballero, coordinadora del proyecto Impulsando Prácticas No Violentas e Inclusivas hacia las Personas con Discapacidad en el Perú, subraya que las mujeres con discapacidad están más expuestas a violencia, acoso, abusos sexuales y abandono en gran parte por la dependencia económica de su familia o pareja.
Según información de los Centros Emergencia Mujer (CEM), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), en los últimos tres años se ha atendido cada vez más casos de violencia en esta población. Así, en el 2016 se registraron 1,032 casos; en el 2017, la cifra escaló a 1,435 casos, y en 2018 fueron 1,864.
Desafío de sobrevivir
Ser mujer, pobre y con discapacidad en el Perú es una realidad que no se quiere ver. Olga Saavedra tuvo que dejar su ciudad natal, Huancané (Puno) y venirse a Lima, porque nació con la enfermedad de Gaucher, una afección degenerativa que le ocasiona fracturas en los huesos y la columna vertebral.
A sus 39 años, Olga se apoya con las muletas para caminar. Para ella encontrar un trabajo y permanecer en él es todo un desafío. Olga estudió una carrera técnica relacionada a la computación y, de tanto perseverar, obtuvo un empleo en la oficina de monitoreo de cámaras de vigilancia de la municipalidad de Ventanilla.
“Me costó mucho entrar a este puesto y me esfuerzo a diario para salir adelante”, comenta entre lágrimas. Todos los días, Olga cruza los dedos para que un bus la quiera llevar.
“La discriminación está presente, se sienten las miradas, en mi trabajo hay un grupo de empleadas con discapacidad, algunos piensan que somos lentas, pero todos tenemos una habilidad distinta que se debe valorar”, comenta.
La diaria discriminación
Odalis Oré piensa igual. Cuando era solo una bebé sufrió una grave quemadura en el brazo derecho que le generó varias lesiones. De su niñez, recuerda las ofensas de sus compañeros de colegio, pero sabía que debía estudiar mucho para abrirse campo en el ámbito laboral. Estudió Educación y frente a las dificultades para encontrar un buen empleo como docente, optó por abrir un pequeño colegio particular.
Como todos, se enamoró y tuvo una hija, su gran amor. Con el pasar del tiempo, su pareja la dejó. Odalis asegura que se debió a su condición de discapacidad. “En muchos casos nuestras propias parejas, familias, el Estado y la sociedad no llegan a entender nuestra situación”.
Para Oré es vital que la sociedad y el Estado impulsen más prácticas inclusivas orientadas a que las mujeres con discapacidad tengan una mayor autonomía económica, acceso pleno a educación, empleo digno, salud, comunicación y deporte.
Letra muerta
Uno de los compromisos pendientes con esta población es el cumplimiento de Ley General de Personas con Discapacidad (Ley N° 29973), la cual dispone que todas las instituciones públicas tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad, en una proporción equivalente a 5% de su personal; y en el sector privado es 3%. Para Elizabeth Caballero, esta norma es letra muerta porque la mayoría de entidades la incumple y no se han dado las respectivas supervisiones y sanciones.
Además, se debe apostar por un protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad, considerando personal especializado en comisarías, ministerios, demunas, fiscalías, centros de salud y los CEM. En la actualidad, su colectivo trabaja con el Mimp y otras instituciones estatales, pero falta mayor apoyo de los gobiernos regionales, locales y de la sociedad.
En su opinión, es importante impulsar mayor sensibilización en la población y fortalecer los grupos de apoyo. “Necesitamos una sociedad más comprometida, tolerante y solidaria. El cambio empieza por uno mismo”, concluye.
Datos
57% de las personas con discapacidad en el país es mujer, según el censo nacional 2017
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(FIN) SMA
Publicado: 23/3/2019