La Defensoría del Pueblo invocó a la no violencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos frente al anuncio de organizaciones sociales de llevar a cabo un paro regional en Puno.
Asimismo, recalcó que el Estado y la sociedad en general deben "respetar el ejercicio libre de este derecho cuya realización requiere de los derechos de libre expresión, reunión y tránsito".
Remarcó también que dichos derechos se encuentran reconocidos y garantizados tanto en la Constitución del Perú como en las normas internacionales de derechos humanos.
"El derecho a la protestas, además, le da a la ciudadanía la oportunidad de poner en evidencia los problemas que los aquejan e influir en la toma de decisiones de los poderes públicos ", agregó la Defensoría.
Prosiguiendo con el comunicado, la entidad reafirmó que
el ejercicio de este derecho no debe afectar, en ningún caso, los derechos de terceros o generar intranquilidad social que causen daños a propiedad pública o privada.
"Está claro que como derecho tiene límites en su ejercicio y corresponde a cada ciudadano y a las dirigencias de las organizaciones que convocan y acuden a las movilizaciones tener presente el respeto a la Constitución y a la ley", precisó.
Además, manifestó que es responsabilidad de los participantes velar por una protesta pacífica e identificar y denunciar a aquellos que propicien o consumen actos de violencia durante la misma.
Por otro lado, con respecto al actuar de las fuerzas del orden, la entidad enunció que, en caso de ser necesario restablecer el orden público, esto se deberá hacer garantizando la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
"De acuerdo a la ley de uso de la fuerza y sus manuales operativos, su intervención debe ser gradual, pudiendo hacer uso máximo de la fuerza solo en circunstancias excepcionales luego de haber agotado otras formas de control del orden", remarcó la entidad.
(FIN) NGB/RMCH
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