El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) señaló hoy que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), cada año el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial se pierde en actos de corrupción, principalmente en sobornos.
“El FMI dice que aproximadamente el 2% del PBI se pierde en sobornos a nivel mundial y una cifra similar ocurre en América Latina”, manifestó el economista principal de CAF, Gustavo Fajardo.
La estimación del 2% del PBI se aproxima a los 17,000 millones de soles anuales que pierde el Perú por corrupción, como lo estimó hace unos meses la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta que el PBI peruano ascenderá a los 810,000 millones de soles este año, según el Marco Macroeconómico Multianual.
El economista de CAF sostuvo que la preocupación central es que la corrupción tiene mala incidencia en el bienestar colectivo de la sociedad, a través de distintas formas.
“Por un lado está la disminución de la capacidad de los Estados para proveer bienes y servicios de calidad a los ciudadanos. Se ve también afectado el crecimiento y la productividad”, afirmó.
“Y quizá lo más preocupante es que también puede haber un efecto nocivo sobre la confianza en las instituciones e incluso en el sistema democrático”, agregó.
Gustavo Fajardo enfatizó que, según las diferentes encuestas, la ciudadanía considera a la corrupción como el principal problema de la sociedad y la economía.
“La corrupción se manifiesta de muchas maneras, es decir, las decisiones de política pública se pueden sesgar a favor de intereses particulares”, indicó.
El funcionario de la CAF presentó hoy el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2019, denominado “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”.
El estudio de la CAF busca aportar a la actual agenda de reformas en favor de la integridad en las políticas públicas, abarcando un amplio espectro de ámbitos de acción, incluyendo el funcionamiento y capacidad disuasoria de las instancias de control y fiscalización estatales.
También incluye el papel de los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política para seleccionar funcionarios independientes y honestos; el ejercicio del control ciudadano y las iniciativas de transparencia, y el fortalecimiento de procesos y marcos legales para limitar la influencia de intereses privados en las decisiones de política pública.