Por: Sonia DominguezUna de las principales herramientas que tiene el Gobierno para dinamizar el crecimiento de la economía en la etapa poscoronavirus es la promoción y la ejecución de los proyectos de inversión pública y privada.
El director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Daly, precisó que por tal motivo el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) forma parte de la primera fase de reanudación progresiva de la actividad económica.
“El desarrollo de este plan nacional se constituirá en un motor generador de demanda de mano de obra”, declaró al Diario Oficial El Peruano.
Acciones
Por ello, para agilizar el desarrollo del PNIC y de otros proyectos de inversión el Gobierno aprobó el Decreto Legislativo (D. Leg.) 1500, que considera diversas medidas de promoción, facilitación y de optimización de los procesos.
“Se trata de un instrumento para acelerar y garantizar la ejecución de estos proyectos dentro de los plazos establecidos”, dijo.
En este caso, también figuran los proyectos considerados en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Consideró que una de las primeras obras que se reactivararían sería el Terminal Portuario de Salaverry.
Planes complementarios
Daly refiere que un aspecto importante, considerado en el D. Leg. 1500, es la ampliación del concepto de proyecto complementario.
“Antes solo era para iniciativas de alcance local y regional, ahora también será para obras de competencia nacional”, manifestó.
El funcionario explicó que con esta medida se genera más sinergias alrededor del proyecto madre.
La norma habilita como “proyectos complementarios” a aquellos de competencia nacional cuya realización resulte indispensable para la adecuada implementación de las obras en el PNIC; así como de los planes de inversión desarrollados mediante la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP).
En ese contexto, Daly subrayó que, mediante el D. Leg. 1500, se mantienen vigentes por 12 meses adicionales, a partir de su fecha de vencimiento, las autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro título habilitante, así como certificaciones ambientales, necesarias para la ejecución de proyectos de inversión.
Operatividad
El director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF explicó que desarrollar un proyecto de infraestructura requiere diversos permisos y si bien los tiempos en el Estado han sido suspendidos, se había generado una incertidumbre sobre qué tan rápido se puede reactivar la economía.
“Por esa razón todos aquellos permisos, títulos habilitantes o certificaciones que vencían durante el estado de emergencia automáticamente se les amplía el plazo por 12 meses, para evitar que se pase de nuevo por los procedimientos establecidos”, aseveró.
Estudios de impacto
En el caso de la participación en el acompañamiento en la elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA), sostuvo que los cambios dispuestos dan predictibilidad e impiden demoras en la emisión de las opiniones.
Asimismo, se hicieron ajustes en los mecanismos de participación ciudadana, considerando que el aislamiento social obligatorio imposibilita, por ejemplo, desarrollar audiencias públicas para la elaboración y la evaluación de los procedimientos de gestión ambiental, así como organizar talleres o reuniones informativas.
Los mecanismos de participación ciudadana se adecuarán a las características particulares de cada proyecto, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros de comunicación.
“Ello resguardando siempre los principios básicos referidos a las personas. Apoyamos habilitando entrevistas mediante focus group, vigilancia ambiental participativa, oficinas de información, entre otras actividades”, mencionó.
Protección ambiental
Respecto a la información de carácter ambiental, en el D. Leg. 1500 se exonera a los administrados de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental los reportes, monitoreos y cualquier otra información ambiental o social que implique trabajo de campo, salvo que se evidencie el riesgo de producirse un grave daño en el aire, agua o suelo.
“Está la obligatoriedad de presentar informes cada cierto tiempo. Se está exonerando de ello durante el período de emergencia por la imposibilidad de poder salir al campo”, comentó.
Con relación al fraccionamiento y al aplazamiento del pago de multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), aclaró que no hay condonación de deuda.
“Con esta medida permitirá que cuando se imponga una multa, esta pueda ser fraccionada, pero sin el requerimiento de poner una garantía o generar intereses”, comentó.
Con ello, agregó, se está brindando un alivio financiero a las empresas.
(FIN) DOP /WRR/JJN
JRA
Publicado: 18/5/2020