La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la necesidad de priorizar la atención de la salud mental en el Perú, que se encuentra en estado de emergencia desde antes de la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19).
Esto ha sido señalado por la institución en el Informe Defensorial Nº 180 “El derecho a la salud mental”, en el cual se brindan alcances a tomar en cuenta en el contexto de la pandemia.
En ese sentido, uno de los problemas identificados por la institución es el reducido número de profesionales de la salud mental. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Perú tiene en promedio 3 psiquiatras y 10 psicólogos por cada 100 000 habitantes.
A estas cifras, la
Defensoría consideró que se suma al problema del centralismo en la atención de la salud. Así recordó que, en el 2016, de los 264 psiquiatras que trabajaban en el Ministerio de Salud (Minsa), el 72 % desarrollaban sus actividades en hospitales psiquiátricos de Lima.
Otro problema identificado, según mencionó, está relacionado a los insuficientes recursos económicos asignados a la atención de la salud mental. En el 2019 se asignó alrededor de 21 mil millones de soles al sector salud, pero de este monto, solo cerca de 318 millones de soles se destinaron a la atención de la salud mental, lo cual representa el 1,5 % del total del presupuesto.
Para la
Defensoría del Pueblo esta desproporcionalidad en la asignación del presupuesto no tiene en cuenta que las enfermedades mentales y los trastornos de la conducta son problemas de salud cada vez más recurrentes en la población. En el caso peruano, 8 de cada 10 personas que necesitan atención en su salud mental no reciben tratamiento adecuado.
Detalló, además, que se ha retrasado la implementación de Centros de Salud Mental Comunitarios y Hogares Protegidos. A la fecha se han implementado 154 de los 200 Centros de Salud Mental Comunitarios y solo 11 de los 124 Hogares Protegidos que se habían programado tener en total a fines de 2020. Estos últimos son necesarios para la atención de personas sin familiares que requieran atención directa y permitirían dejar de lado el modelo manicomial, de encierro prolongado.
Asimismo, indicó que se presenta un problema de falta de una estrategia articulada para la atención de la salud mental que debe ser promovida por el Minsa, los gobiernos regionales, EsSalud y el sector privado, los cuales no actúan de manera coordinada y eficiente debido a que no hay complementariedad ni continuidad en los servicios ofrecidos y cada sistema está organizado de una manera diferente.
Esta situación, a su criterio, se debe a la falta de priorización de la atención de la salud mental en las políticas públicas desarrolladas. Prueba de esto es que la salud mental no ha sido considerada dentro de la Política Nacional Multisectorial de salud 2030 “Perú, País Saludable”, tampoco en el Acuerdo Nacional, ni en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ni en la Política General de Gobierno 2021.
En tal sentido, exhortó a que, en este contexto de crisis en el que llegamos al bicentenario de la República, se replantee la política de salud priorizando la atención articulada y descentralizada de la salud mental, asignándole los recursos que los ciudadanos y ciudadanas merecen.