En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se vuelve a evidenciar una problemática que afecta a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2023), más de 703 000 menores de entre 5 y 17 años -equivalente a 1 de cada 11- realizan actividades laborales dentro o fuera del hogar, principalmente en zonas rurales y en condiciones de riesgo.
Si bien representa una leve reducción de 56 000 casos respecto al 2022, la cifra es aún bastante alarmante. La mayoría trabaja en sectores como agricultura, pesca y minería, muchas veces sin acceso a derechos laborales ni protección social, advierte el informe.
“El trabajo infantil obliga a los niños a usar tiempo y energía que deberían dedicar a su educación y desarrollo personal. Esto limita su aprendizaje y les impide adquirir los conocimientos y habilidades —lo que llamamos capital humano— necesarios para acceder a empleos de calidad en el futuro. Así, al llegar a la adultez, enfrentan mayores dificultades para obtener ingresos dignos, con lo que se perpetúa el ciclo de pobreza”, explica Rosa Luz Durán, investigadora del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.
Esta problemática no es exclusiva del Perú. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF estiman que, en el mundo, 160 millones de niños y niñas trabajan, con un aumento preocupante desde el 2020. América Latina y el Caribe continúan registrando la segunda tasa más alta de trabajo infantil en el mundo, pese a los avances logrados en la región.
Informalidad laboral: un obstáculo estructural
De acuerdo con la economista Rosa Luz Durán, uno de los principales factores que favorece el trabajo infantil es la informalidad. Hoy en día, más del 85 % de los jóvenes peruanos menores de 25 años trabaja en el sector informal, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “En contextos donde los ingresos familiares son bajos y no hay acceso a protección social, las familias dependen del trabajo de todos sus miembros, incluidos los niños. Esta situación se agrava en zonas rurales”, puntualiza.
Además, el INEI revela que la brecha urbano-rural es crítica: el trabajo infantil es 5,6 veces más frecuente en áreas rurales (32,5 %) que en zonas urbanas (5,8 %). En el campo, más de la mitad de los menores de 5 a 17 años realiza labores, la mayoría como trabajadores no remunerados en actividades agrícolas familiares.
“Sin políticas públicas con enfoque territorial, que respondan a las realidades rurales, la informalidad seguirá empujando a los niños a trabajar para ayudar al sustento familiar”, advierte Durán. “El crecimiento económico, por sí solo, no reduce el trabajo infantil, a menos que sea inclusivo y redistributivo. Se necesita garantizar acceso a educación de calidad, salud, empleo formal para adultos y redes de protección social”.
Programas que hacen la diferencia
Los programas sociales -como bonos familiares, pensiones básicas y subsidios escolares- son clave para reforzar los ingresos de las familias vulnerables y evitar que los menores abandonen la escuela para trabajar. De acuerdo con la docente e investigadora Rosa Luz Durán, experiencias como Juntos en Perú y Oportunidades en México han demostrado que las transferencias monetarias condicionadas pueden reducir significativamente el trabajo infantil.
La protección social inclusiva permite que las familias mantengan a sus hijos en la escuela, incluso durante crisis económicas. “Esto contribuye directamente a romper el ciclo de pobreza y trabajo infantil, al reducir la necesidad de que los menores trabajen”.
En cuanto al salario mínimo, la economista señala que su impacto es más complejo. “Un salario mínimo real más alto mejora los ingresos de los padres y reduce la dependencia del aporte infantil. Pero, en países con alta informalidad, como el Perú, muchos trabajadores, sobre todo en zonas rurales y agrícolas, ganan por debajo de ese umbral”. Además, resalta que un aumento del salario mínimo podría incrementar la informalidad laboral en micro- y pequeñas empresas, que concentran la mayor parte del empleo en el país.
Un desafío colectivo
Erradicar el trabajo infantil no es solo una exigencia legal: es una inversión en el futuro del país. Para lograrlo, se necesita una respuesta articulada entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional, de acuerdo con Durán. “No podemos hablar de desarrollo sostenible, mientras millones de niños continúan trabajando. Combatir el trabajo infantil es garantizar una infancia libre, segura y con oportunidades reales de construir un mejor futuro”, concluyó la docente.