El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró hoy que sería un error modifica la prisión preventiva, dado que sus efectos serían contrarios para el sistema penal y anticorrupción.
Sostuvo que el argumento de que los investigados deben permanecer en libertad, en base a la presunción de inocencia, se contradice con la realidad, pues por lo general estas personas muestren resistencia a ser indagados.
“No acuden a las citaciones judiciales, incluso se ocultan de la justicia o fugan del país cuando se dan cuenta de la prueba sobreviniente, sobre todo cuando se trata de delitos graves”, afirmó.
Indicó que el Congreso, para no generar impunidad y para vencer la resistencia del investigado, ha creado medidas de coerción que obligan a asegurar la presencia del investigado al sistema de justicia.
Una de esas medidas, explicó, es la prisión preventiva, cuya aplicación dependerá de la gravedad del delito y en respeto a principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, principalmente.
“Siendo la prisión preventiva la medida más severa, su aplicación debe ser excepcional y debidamente justificada”, apuntó.
Explicó que de los requisitos que exige la ley para imponer la prisión preventiva: pena superior a 4 años, vinculación con los hechos investigados y el peligro procesal, el último es el que genera mayor debate.
Ese aspecto, en su opinión, no debe sustentarse en subjetividades ni en lo que le parezca a la autoridad, sino sobre datos objetivos de una posible fuga o de perturbación de la prueba y considerando el tiempo que se requiere para asegurar la presencia del imputado a las diligencias de investigación y de juzgamiento.
“La prisión preventiva puede ser altamente cuestionable por el tiempo que transcurre sin realizarse el juzgamiento, y allí habría que dar celeridad, pero no cabe duda que es necesaria, siempre en el marco de la proporcionalidad y razonabilidad”, afirmó.
Precisó que, de acuerdo con las cifras del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en el año 2018, de un total de 11,967 requerimientos de la fiscalía, se acogieron 9,033 casos, en su mayoría por delitos comunes. Solo 133 medidas corresponde a casos de corrupción.
(FIN) FHG
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Publicado: 27/4/2019