La Defensoría del Pueblo pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso autorizar la investigación judicial al expresidente Manuel Merino y a los miembros de su gabinete que fueron denunciados por el Ministerio Público por los fallecidos y heridos en las manifestaciones de noviembre de 2020.
La mencionada entidad reafirmó que en esa ocasión la Policía “hizo uso innecesario y excesivo de fuerza, fuera de estándares permitidos”.
En mensajes difundidos en sus
redes sociales, la Defensoría señaló también que, en ese contexto, “el Estado no cumplió con su deber de garantizar el ejercicio libre, pacífico y pleno del Derecho a la Protesta”.
Ello fue detallado en el ‘Informe Especial No. 01 Movilizaciones Sociales’, emitido en noviembre de 2020.
“Fallecidos, heridos, uso desproporcionado de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias de adolescentes, violencia hacia mujeres y ataque a nuestros funcionarios sustentan conclusiones”, señala la Defensoría.
Respuesta a informe
La petición de esta entidad a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, se da luego de que Alejandro Cavero (Avanza País) presentara –en su calidad de encargado de procesar la denuncia que sobre este tema presentará la Fiscalía de la Nación- un informe en el que se exime de responsabilidad a Merino y a sus exministros por los hechos mencionados.
En el documento, el parlamentario señala que no hay evidencia de que las muertes de dos estudiantes hayan sido producidas por el accionar de la Policía. Su conclusión contrasta con lo denunciado constitucionalmente por el Ministerio Público.
El informe deberá ser analizado y votado en los próximos días por los miembros de la mencionada subcomisión.
(FIN) FGM/RMCH
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Publicado: 9/6/2022