Aún no se define un claro escenario de lo que implicará el Fenómeno El Niño. Al respecto la Sociedad Nacional de Minería. Petróleo y Energía (SNMPE) hace algunas propuestas.
Luego que el sector Minería e Hidrocarburo creció 8.22% en los primeros cinco meses del año, el presidente del gremio minero, Víctor Gobitz, se animó a conversar con el Suplemento Económika del Diario El Peruano.
¿Cuáles son las perspectivas del sector minero para el segundo semestre de este año?
El primer trimestre del año todavía estuvo impactado por los problemas sociales causados por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, que impidió una actividad normal, sobre todo en el sur, como es el caso de Puno, donde se encuentran las operaciones en estaño y en la mina Las Bambas en Apurímac. Ambos casos se solucionaron.
En el balance se observó una mejora por el efecto Quellaveco. Si se mantienen las condiciones operativas, climáticas y hay una armonía en el entorno social de las minas, sobre todo del sur, el segundo semestre de este año sería positivo y obviamente habría un efecto económico con lo cual tendríamos una mejora significativa respecto al 2020.
El crecimiento está en función del precio por la cantidad. Si lo evaluamos en términos de volumen, por el efecto de la producción de cobre en Quellaveco y Las Bambas, sin conflicto, este año deberíamos registrar una producción entre 2.6 millones y 2.7 millones de toneladas finas de cobre respecto a los 2.4 millones del 2022, lo que implicaría un incremento mayor al 10%.
–¿Se superarían los niveles mostrados en la prepandemia?
–Para ponerlo en contexto, Las Bambas debería producir 400,000 toneladas finas de cobre al año. En el 2022, por el efecto de los problemas sociales, solo produjo 250,000 toneladas, que significa 150,000 menos.
En el caso de Quellaveco, que es una operación nueva y que debería aportar alrededor de 250,000 toneladas finas de cobre.
Entonces si sumamos las 250,000 toneladas de cobre de Quellaveco y las 150,000 toneladas de Las Bambas, que todavía no alcanzó su potencial, tendríamos 400,000 toneladas aproximadamente.
–¿Cuántos proyectos mineros nuevos podrían entrar en operación en los próximos años?
–Está en construcción el proyecto San Gabriel, que es una significativa mina de oro y forma parte de las operaciones de Buenaventura en Moquegua. El Minem tiene una cartera de 50,000 millones de dólares, de los cuales el 70% corresponden a proyectos de cobre.
Pero el gran desafío es establecer las medidas para que esa cartera se desarrolle. En mi opinión, hay dos temas centrales. Uno de ellos son las licencias, así como los permisos ambientales y operacionales que actualmente tienen un proceso muy engorroso y que sin duda generan un cuello de botella.
Por ello, todas las agencias gubernamentales que brindan su opinión sobre el tema ambiental deberían estar integradas en una sola entidad que reporten a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), que forma parte del Ministerio de Ambiente; la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, organismos especializados del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), así como el Ministerio de Cultura (Mincul), tienen una opinión sobre temas ambientales o de proyectos de inversión no solo en el rubro minero, sino también en infraestructura y otros sectores, deben ser una unidad integrada para que el Estado tenga una mirada única y ser más expeditivo.
El otro punto para resolver, con el apoyo al Estado, es lograr acuerdos de acceso a tierras eriazas, generalmente altoandinas, para que de manera expeditiva se concreten los proyectos. Si esos temas no resuelven los permisos ambientales-operacionales y el acceso a las tierras, los proyectos estarán en un proceso de maduración muy largo.
–El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, dijo recientemente que su portafolio trabaja para agilizar los trámites y atender en corto tiempo los proyectos trabados. ¿Hay una coordinación con la SNMPE?
–Destaco el compromiso e interés del ministro Vera por acelerar los proyectos. Sin embargo, en los últimos 20 años todo el proceso de licencias y permisos fue segmentado. Anteriormente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) centralizaba y ahora esto no pasa.
De acuerdo con la dimensión de exploración, si esta tiene más de 20 plataformas sale del ámbito del Minem y pasa al Senace o al ANA.
Lo mismo pasa con los proyectos de inversión.
Entonces, lo que quedó en manos del Minem son los permisos de exploración de menor cuantía y otros de infraestructura minera en operaciones.
Por más buena voluntad y interés que ponga el Minem, se requiere una estrategia más amplia, porque actualmente, como repito, las licencias y permisos están segmentados en una diversidad de instituciones, todas representan al Estado.
–¿El sector minero tiene alguna iniciativa para enfrentar los fenómenos climáticos?
–Como sector minero, mediante la SNMPE, trabajamos una propuesta integral privada. Lo que queremos es aportar nuestro conocimiento y capacidad para actuar de manera preventiva e integrarnos en un esfuerzo conjunto con el Estado.
Tenemos que prepararnos ante la necesidad de un peor escenario, que es la conjunción del Fenómeno El Niño Costero y el Global.
En el sector minero conocemos el territorio andino y desarrollamos una logística hacia el exterior.
El gran impacto del Fenómeno El Niño siempre se presenta en todas las cuencas hidrográficas del Pacífico, básicamente desde Tumbes hasta Ica, porque más al sur el problema es la sequía.
Si nos enfocamos en el tema de exceso de las precipitaciones pluviales, las inundaciones y el daño que le causa a las personas, a la infraestructura pública y privada, lo que queremos es ordenar esa información sobre las cuencas hidrográficas, que serán cerca de una decena, para conocer la magnitud del riesgo y la probabilidad de incidencia del fenómeno climático.
La idea es tratar de que nos organicemos como sector minero e hidrocarburos para que tengamos un coordinador para cada una de esas cuencas hidrográficas, el que se encargará primero de recolectar información meteorológica actualizada y compartirla.
Sabemos también que el FEN siempre impacta en la parte media y baja de la cuenca hidrográfica, donde hay mayor densidad poblacional.
Por lo tanto, es necesario tener información actualizada, un inventario de equipamiento y capacidad de ingeniería (civil, hidrológica) y una acción coordinada con el Estado, lo que nos permitirá identificar los puntos vulnerables.
Sabemos que hay población que, por razones económicas, vive en zonas vulnerables, inundables ante una crecida del río, y eso es lo primero que hay que retirar.
Lo segundo es trabajar de manera coordinada con el Estado, de tal manera que, a pesar de la prevención de la limpieza, la descolmatación de los ríos, el retiro de personas, se cuente con una estrategia para enfrentar la crisis.
Si tenemos un centro integrado de coordinación público-privado podremos asignar recursos de manera eficiente para enfrentar una crisis climática.
Esta propuesta se presentará en el Perumin 36º Convención Minera, un espacio público-privado, que se realizará en setiembre de este año.
Revisión del canon minero
En el país hay dos regiones de gran potencial minero, sostiene el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Victor Gobitz Colchado.
"El primero está en Cajamarca, donde hay proyectos de gran dimensión: Galeno, Conga y Michiquillay; el otro se ubica en Apurímac, que tiene Las Bambas, Huaquira, Los Calatos y Trapiche. Que se unen al desarrollo en Arequipa con las minas Zafranal y Tía María", detalla.
Advierte que estos dos grandes sectores: uno norte y otro sur, por razones obviamente geográficas no tienen acceso directo a nuestra costa.
Comenta que en la región Cajamarca el gran debate es cómo se puede integrar a otra región para el tema de las exportaciones de su significativa producción. Se evalúa si la salida debiera realizarse por La Libertad, Lambayeque o Piura
“Entonces, se requiere establecer una visión nacional de integración con más de una región costera para el comercio internacional. Eso tiene que llevarnos a la reflexión sobre el canon minero, el cual tiene una fórmula de distribución muy sesgada, en la que solo se prioriza la zona de la mina”, manifiesta Gobitz.
Por lo tanto, agrega que es necesario establecer un proyecto para generar un corredor económico que permita integrar el espacio altoandino con el costero, porque es un negocio de exportación.
"Tiene que revisarse el concepto de canon minero para que esta visión se haga viable. Me refiero a que sea viable no solo económicamente, sino también en el ámbito social y el político", plantea el líder gremial.
Datos
- Al cierre del 2023, se espera la ejecución de inversiones por 647 millones de dólares referente a proyectos en cartera en el subsector minero, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
- Ese monto se alcanzará por la contribución de proyectos como San Gabriel (Moquegua) y Ampliación Santa María (La Libertad), actualmente en construcción, y el potencial inicio de construcción de Reposición Antamina (Áncash) y la fase II de la Ampliación Toromocho (Junín).
- La actualización de la cartera de proyectos de inversión minera 2023, elaborada por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, señala que para el 2024 se espera la ejecución de inversión en cartera de 1,213 millones de dólares. Esta proyección se sustenta en el inicio de la construcción de Yumpag (Pasco), Romina (Lima) y Corani (Puno).
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