La Contraloría General de la República inició un servicio de control para determinar las responsabilidades que correspondan tras conocerse la vacunación irregular contra el covid-19 de personas que no formaban parte del padrón de adultos mayores programados o priorizados en la región Loreto.
Mediante un comunicado, la Contraloría afirma que rechaza toda vacunación irregular dentro del proceso de inmunización contra el covid-19 y calificó de indignante que funcionarios y servidores públicos vulneren la confianza y disposiciones y que, en beneficio propio, se hayan vacunado irregularmente.
“La vacunación a personas que ni formaban parte del padrón de adultos mayores programados o priorizados por su condición de vulnerabilidad en la región Loreto no se realizó en un centro de vacunación autorizado. El hecho se concretó en la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto, que no era punto programado para ese fin”, precisa el comunicado.
Sin embargo, dicha aplicación irregular fue detectada por la Contraloría General el 22 de marzo y comunicada inmediatamente a las autoridades del Ministerio Público.
El gobierno regional de Loreto publicó una lista de más de 60 personas presuntamente vacunadas de manera irregular, dentro de los cuales se encuentran los alcaldes de Maynas y de Punchana.
El gobernador Elisbán Ochoa anunció que ha iniciado una investigación sobre este hecho y que suspenderá de sus cargos a aquellos funcionarios que hayan infringido las normas sanitarias mientras duren las investigaciones, sin perjuicio de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales que el caso amerita.
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