Cusco, feb. 28 (ANDINA).- La ineficiencia en la aplicación de mecanismos de control y transparencia, la escasa vigilancia ciudadana y los límites de acceso a la información, son las principales condiciones que favorecen la corrupción en el sector Educación, afirmó hoy la defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
Cusco, feb. 28 (ANDINA).- La ineficiencia en la aplicación de mecanismos de control y transparencia, la escasa vigilancia ciudadana y los límites de acceso a la información, son las principales condiciones que favorecen la corrupción en el sector Educación, afirmó hoy la defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
Fue al presentar los resultados obtenidos en la campaña “Educación sin Corrupción”, que realizó esa institución en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Loreto y Lambayeque.
Reveló que a lo largo de la campaña, la Defensoría del Pueblo recibió 307 denuncias sobre actos de corrupción. Los denunciantes –dijo- fueron grupos distintos: docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos.
De este total de denuncias, precisó, 133 fueron declaradas fundadas, 30 infundadas y 144 se encuentran en proceso de trámite.
En el caso de Cusco, afirmó, la mayor cantidad de denuncias se refieren a atentados contra la integridad de los estudiantes.
“Esta situación revela que directivos y docentes de las instituciones educativas públicas no están reconociendo el derecho de los estudiantes a que se respete su integridad física y psicológica y, no se les protege de los maltratos”, subrayó.
En segundo lugar, agregó, se ubica el incumplimiento en el dictado de clases, en especial en las áreas rurales. En cuanto a otro tipo de denuncias, informó que se han recibido quejas sobre irregularidades en la contratación y nombramiento de personal.
“Los resultados de la campaña demuestran que la población no está informada sobre los procedimientos de investigación o canales para formular sus denuncias referidas al tema”, aseveró.
Asimismo, acotó, las denuncias indican que existe una desorganización en el sector y una superposición de funciones y competencias, lo cual, a su vez, posibilita el incremento y la frecuencia de los actos de corrupción.
Frente a estos hechos, afirmó, la Defensoría recomienda la aplicación de un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, la implementación de una política de probidad en el sector Educación.
También el establecimiento de espacios y niveles de coordinación entre el sector Educación, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público e instituciones de la sociedad civil, además de la Defensoría del Pueblo.
Por último, la Defensoría recomienda la separación definitiva de los profesionales del sector que resulten culpables de atentados contra la libertad sexual de los estudiantes.
Los resultados de la campaña “Educación sin Corrupción” fueron presentados esta mañana en el auditorio de la facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Abad del Cusco.
(FIN) MAO
Publicado: 28/2/2007