En el Perú existen más de un millón de estudiantes que reciben una educación intercultural y bilingüe en las 27,054 instituciones educativas EIB repartidas en casi todo el territorio nacional, a excepción de Callao y Tumbes, destacó la defensoría. ANDINA/Difusión
Ante la proximidad del inicio del año escolar 2020, la Defensoría del Pueblo solicitó a las direcciones regionales de educación adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes indígenas reciban una educación con enfoque intercultural y de acuerdo a la lengua originaria que predomine en el entorno cultural en el que viven, a través de la denominada Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó a los titulares de las direcciones y gerencias regionales de Educación de los 23 gobiernos regionales en cuyo territorio tienen registradas instituciones educativas bilingües, a garantizar la contratación oportuna de docentes en educación intercultural bilingüe para las más de 27 mil instituciones educativas EIB.
Asimismo, para que los materiales educativos sean distribuidos a tiempo, con la finalidad de que los estudiantes puedan contar con dichos recursos desde el primer día de clases.
Al respecto, Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, destacó que en nuestro país existen más de un millón de estudiantes que reciben una educación intercultural y bilingüe en las 27,054 instituciones educativas EIB repartidas en casi todo el territorio nacional, a excepción de Callao y Tumbes.
Ellos tienen derecho a recibir una educación de calidad, por lo que la funcionaria recordó que también es importante el fortalecimiento de los docentes bilingües a través del acompañamiento pedagógico.
Por otro lado, Aedo informó que durante el 2018 la Defensoría del Pueblo solicitó de manera reiterada el incremento del presupuesto para el sector Educación destinado a financiar la implementación de la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe.
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A la vez, para la formulación y ejecución de proyectos de inversión orientados a la construcción de residencias estudiantiles, ya que solo se había entregado módulos prefabricados a 21 de las 80 residencias estudiantiles. “Es necesario abordar la problemática con soluciones integrales y a largo plazo, con la finalidad de garantizar que los alumnos indígenas reciban una educación en condiciones adecuadas”, sostuvo.
Para la Defensoría del Pueblo, el Estado tiene la obligación de brindar un servicio público educativo en función a las necesidades particulares de los pueblos originarios de nuestro país, que sea respetando su cultura y en condiciones de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
(FIN) NDP/TMC
Publicado: 9/2/2020