El 16 de julio de 1992, un día como hoy, dos coches bomba, cargados con 500 kilos de dinamita, explotaron en la segunda cuadra de la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, con un saldo de 25 personas fallecidas y 229 heridos.
Se trató de uno de los peores atentados registrados en la capital peruana por Sendero Luminoso, por cuyo caso Abimael Guzmán y Elena Iparraguire, junto a otros líderes terroristas, fueron condenados a cadena perpetua.
El estallido de los coches bomba se produjo a las 21:00 horas, frente a los edificios Central, San Hilarión, San Pedro y San Carlos, donde residían un total de 380 familias.
El objetivo original del ataque senderista, de acuerdo a las investigaciones policiales que se realizaron en ese momento, fue la agencia del Banco de Crédito ubicada en la avenida Larco, sin embargo, debido al resguardo policial, los criminales dirigieron los vehículos hacia una zona residencial.
Los terroristas habían reforzado los explosivos de los coches bomba con anfo, una sustancia que hacia más letal el ataque, lo que produjo una verdadera devastación en la zona. La onda expansiva alcanzó casi los 400 metros a la redonda, afectado seriamente los edificios de la calle Tarata, así como las viviendas y vehículos ubicados en las zonas aledañas.
Un ahora antes de la detonación, fueron atacadas también por terroristas de Sendero Luminoso las comisarías de Villa María del Triunfo, San Gabriel, José Carlos Mariátegui y Nueva Esperanza, todas ubicadas en Lima Sur.
Las pérdidas económicas generadas por el ataque de Sendero Luminoso fueron estimadas en 3 millones de soles.
Juicio y sentencia
En 2018, 26 años después del ataque, el Poder Judicial
condenó a cadena perpetua a Abimael Guzmán y otros nueve cabecillas de Sendero Luminoso como autores intelectuales del atentado con coche bomba en la calle Tarata y se fijó una reparación civil 2 millones de soles en favor del Estado y de las víctimas.
Antes, en agosto de 1998, fueron sentenciados seis miembros de Sendero Luminoso como autores materiales del ataque. La Sala Superior Penal Corporativa del Poder Judicial les impuso penas de entre 25 y 30 años de cárcel.
(FIN) RSJ/FHG
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Publicado: 16/7/2019