El viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, William Arteaga Donayre, presidió un taller nacional para capacitar a los gobiernos regionales en el uso de los sistemas catastrales y sostuvo que el Ejecutivo se ha propuesto como meta al Bicentenario entregar títulos de propiedad a todos los pobladores rurales, comunidades indígenas y campesinas.
“Es indispensable garantizar la seguridad jurídica de los predios. El poder contar con el
título de propiedad les permitirá a los
pequeños y medianos productores agrícolas acceder a créditos en instituciones financieras, así como también evitar posibles conflictos territoriales”, manifestó.
El taller afianzó, dotó de herramientas y estableció criterios uniformes para la correcta y eficiente aplicación del Sistema Catastral para Predios Rurales (SICAR) y el Sistema Catastral para Comunidades Campesinas y Nativas (SIC Comunidades) en los procedimientos de titulación de predios rurales y de comunidades campesinas y nativas.
Por su parte el titular de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, Ronald Salazar, afirmó que esta gestión se enmarca en la política de modernización del Estado.
“Marcamos un antes y un después del catastro rural, porque hay predios que tenemos que rectificar el área, su ubicación y otros datos físicos, mientras que con los nuevos sistemas tendremos información precisa y en tiempo real, lo que va a garantizar y cautelar el territorio de las comunidades campesinas y nativas, evitando conflictos y superposición de derechos” precisó.
Explicó que el SICAR y el SIC Comunidades permiten realizar el seguimiento de los procedimientos de formalización de los predios rurales y los procedimientos de reconocimiento legal y titulación de comunidades campesinas y nativas en tiempo real.
“El Minagri supervisa sobre la base de ambos sistemas el avance de los trabajos de titulación de tierras a escala nacional”, subrayó.
Agregó que, de esta manera, el Minagri pone a disposición de las entidades públicas el acceso a ambos sistemas catastrales con la finalidad de planificar los servicios públicos, constituir un instrumento para la elaboración de las políticas públicas e instrumento de consulta para los trámites y procesos relacionados a los bienes inmuebles ubicados en las zonas rurales de nuestro país, consolidando así su rol rector en la materia.
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