Tras la modificación del Reglamento del Congreso para regular la presentación de la declaración jurada de intereses en el Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó su preocupación por la decisión adoptada ayer por la mayoría de la representación nacional.
En esa línea, cerca de 36 mil funcionarios y autoridades del gobierno nacional, regional y local, empresas del Estado y organismos autónomos (como el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial) han cumplido con presentar su declaración jurada de intereses, según lo establecido en el Decreto de Urgencia N°020-2019, a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE.
No obstante, con la modificación realizada al reglamento del Congreso se estableció dejar sin efecto toda disposición o norma de carácter general referida a la presentación de la declaración jurada de intereses de los parlamentarios, funcionarios y servidores del Legislativo; obligándose a declarar dichos intereses a una relación de funcionarios “conforme a las disposiciones que, para tal fin, establezca el Consejo Directivo”.
Al respecto, la Secretaria de Integridad Pública de la PCM, Susana Silva Hasembank, señaló que dicho cambio supone un alejamiento de los objetivos establecidos desde la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción —y las normas que facultan al Ejecutivo a desarrollar herramientas de integridad— en consonancia con estándares internacionales.
"Sin tomar en cuenta que se requiere que todas las entidades e instituciones del país implementen la declaración jurada de intereses a través de un canal estandarizado, para asegurar el acceso a la información, según los principios que promueven un Estado abierto", expresó.
Sobre la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y la Autenticación Nacional
Ante la preocupación expresada por algunos congresistas, en el sentido de que la presentación de la declaración jurada “ante el Poder Ejecutivo” podría vulnerar la separación de poderes establecidos, Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno Digital de la PCM, precisó que la declaración jurada de intereses no se presenta ante la PCM o el Ejecutivo —es decir, a ninguna entidad en particular—, sino ante el Estado peruano.
Precisó que la presentación se realiza a través plataformas digitales nacionales como la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE y la Plataforma Nacional de Autenticación, y, en consecuencia, ante la ciudadanía, con total transparencia”.
En esa línea, añadió que el marco normativo vigente establece que “para garantizar seguridad y cumplimiento en los estándares de interoperabilidad cuando se requiere intercambiar información entre dos o más entidades públicas, las entidades deben utilizar la Plataforma de Interoperabilidad del Estado como único mecanismo que permite dicho intercambio de manera segura y alineada a estándares internacionales de gobierno de datos y uso ético de las tecnologías digitales".
Situación de la Declaración Jurada de Intereses en el Congreso de la República
A la fecha, diversos congresistas y asesores del Parlamento pasado y 9 de los actuales parlamentarios presentaron su declaración jurada de intereses, las cuales pueden ser consultadas con absoluta transparencia en el buscador alojado en la Plataforma PIDE. https://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/.
Silva Hasembank adelantó que, con la decisión adoptada por el Congreso, dicho proceso podría quedar debilitado o trunco, pues “al apartarse del estándar establecido en la norma vigente, se abre un alto riesgo de discrecionalidad para decidir quién declara, qué se declara, qué se publica o en dónde y de qué manera se accederá a la información, lo que no abona al objetivo de una herramienta de integridad destinada a proteger el bien común frente a intereses particulares”.
Por su parte, Marushka Chocobar, añadió que la Plataforma de Declaración Jurada de Intereses integra de manera digital a la Plataforma de Autenticación Nacional que garantiza la identidad del declarante y su no utilización podría excluir información relevante para la ciudadanía e imposibilitar la analítica de datos necesaria para las labores de supervisión y control que puedan ejercer entidades del sector público, los medios de comunicación y la ciudadanía.