La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó cinco amenazas en la lucha contra el lavado de dinero en su reciente Evaluación Nacional de Riesgos.
Entre los principales resultados obtenidos por el estudio se detectaron cinco amenazas:
1. Existencia de cultivos de coca como primer eslabón del narcotráfico
2. Remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso
3. Incremento en los últimos años de las actividades de corrupción pública
4. Elevada incidencia en el país de determinados tipos delictivos (minería ilegal, tala ilegal, tráfico de personas, contrabando, extorsiones y sicariato)
5. Existencia en el entorno regional de países con elevado grado de criminalidad
Adicionalmente se detectaron 43 vulnerabilidades relacionadas a situaciones objetivas y físicas que afectan al Perú como país, elementos característicos de la realidad institucional, política y socio-económica del Perú, deficiencias en el diseño y aplicación del sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos por parte de los organismos responsables.
De los 43 los riesgos identificados, existen 10 calificados con un nivel “muy alto”, por lo que su prioridad para adoptar líneas de mitigación también es muy elevada.
Tolerancia a la corrupción pública
Se puede mencionar la tolerancia y permisibilidad a la corrupción pública, el elevado índice de informalidad en la economía peruana, la escasa presencia del Estado en la totalidad del territorio nacional, un sistema de control del movimiento de efectivo transnacional insuficiente e inexistencia de limitación en los traslados internos.
Se suma a ello la dificultad del Ministerio Púbico en la investigación y persecución del lavado de activos, la existencia de carencias en el Poder Judicial que afectan al sistema de represión penal, la baja efectividad de la Policía Nacional del Perú en la investigación y persecución del lavado de activos, y la dificultad en el intercambio de información entre las instituciones públicas.
La UIF culminó la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Perú, documento que identifica una serie de riesgos en la materia a los que está expuesto nuestro país.
Esta importante evaluación se realizó entre enero y noviembre del 2016 contando para ello con la asistencia técnica del BID bajo coordinación de la UIF, y la colaboración de más de 40 entidades del sector público y privado, quienes participaron de entrevistas, llenado de cuestionarios y grupos de trabajo.
Compromiso político
Cabe señalar que la elaboración de una ENR requiere, en primer lugar, de un compromiso político al más alto nivel, implica un importante esfuerzo de un gran número de participantes de los sectores público y privado, y la aplicación de una metodología ad hoc que determine con certeza las vulnerabilidades, sus riesgos y la probabilidad de ocurrencia.
La ENR aporta un punto de partida para la formulación de medidas mitigadoras dirigidas a eliminar o paliar la incidencia de los riesgos identificados y bajo un enfoque basado en riesgos se asegure que dichas medidas sean proporcionales a tales riesgos.
En la medida que la ENR desempeña un papel importante en la identificación de los riesgos y la formulación de medidas de carácter mitigador, es necesario su conocimiento por parte de las principales autoridades que tendrán un rol relevante en el impulso e implementación de dichas medidas de mitigación.
Asimismo, conforme lo señala la metodología de evaluación de la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) los países deben contar con mecanismos para dar información sobre los resultados de la ENR a todas las autoridades competentes y pertinentes, así como a las instituciones financieras y otros sectores de sujetos obligados a reportar a la UIF.
Perú será evaluado
Es importante señalar que la ENR del Perú reviste gran importancia teniendo en cuenta que el sistema de lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se aplica en el Perú será evaluado en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Organismo Regional para América Latina del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat), a desarrollarse durante el segundo semestre del presente año e inicios del 2018.
El Gafilat es el Organismo Regional para América Latina del Gafi, ente intergubernamental que emite estándares internacionales para la lucha contra el lavado de activos y la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de las denominadas 40 Recomendaciones, que deben ser implementadas por todos los países miembros. Perú es miembro de Gafilat desde el año 2005.
La implementación de las recomendaciones es evaluada rigurosamente sobre la base de una metodología de evaluación común del GAFI y un resultado negativo genera la inclusión en un listado de “países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención contra el lavado de activos”.
No conviene estar en lista negra
Esto implica un incremento en la calificación de riesgo país, el encarecimiento de líneas de crédito, dificultades en operaciones de comercio exterior así como el establecimiento de límites y filtros en las transacciones financieras.
La implementación de la recomendación 1 del Gafi es clave para elaborar la estrategia Nacional de lucha contra el lavado de activos, y dar cumplimiento al resto de las recomendaciones.
Esta recomendación establece que los países deben elaborar un diagnóstico amplio y profundo de los riesgos a que están sujetos en la materia, tomando en cuenta información relevante de diversas fuentes.
(FIN) CNA/JJN
Publicado: 20/4/2017