Los contratos suscritos con la empresa brasileña Odebrecht para la ejecución de obras públicas, entre 1988 y 2015, causaron al Perú un presunto perjuicio económico de 283 millones de dólares, reveló hoy la Contraloría General de la República.
Detalló que la cifra se obtuvo como resultado de las tareas de control efectuadas en su oportunidad, las cuales también identificaron presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios de los gobiernos comprendidos en dicho periodo.
Entre los principales proyectos realizados por
Odebrecht en esos años figuran 23 que involucran un total de 16,940 millones de dólares, de los cuales el órgano de control auditó 16, que suman una inversión de 11,271 millones.
“De los 23 proyectos en que participó Odebrecht, con 16,940 millones de dólares involucrados, se revisaron 16 en los que se comprometían 11,271 millones y, luego de las labores de control, se determinó un presunto perjuicio económico por 283 millones de dólares”, indicó.
En conferencia de prensa, el titular del órgano de control mencionó que, de manera individual o consorciada, la empresa Odebrecht participó en 57 proyectos con el Estado peruano, desde 1979 al 2015.
Por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, Odebrecht suscribió contratos y compromisos de inversión por 12,576 millones de dólares, en obras como el Gasoducto Sur Peruano (2014) y la Central Hidroeléctrica Cuma 4 (2015).
En el ámbito del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones figuran contratos que comprometen inversiones por 1,846 millones de dólares, en proyectos como el Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima (2011), y otras obras comprendidas entre el 2005 y 2014.
Según la información proporcionada por el contralor, Odebrecht también logró contratos con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 2013, para ejecutar vías nuevas en la ciudad (499 millones de dólares), y con gobiernos regionales, entre 2004 y 2014, para obras diversas por un monto de 1,562 millones de dólares.
El funcionario, como propuesta de acciones inmediatas, planteó la creación de una fiscalía ad hoc para los casos vinculados con Odebrecht, con la finalidad de acumularlos todos.
De igual modo, instó al
Poder Judicial a conformar un Juzgado Especializado en Delitos Anticorrupción, para dar cumplimiento oportuno a los plazos procesales previstos y ofrecer resultados a la ciudadanía.
Por último, Alarcón expresó el compromiso de la entidad a su cargo en colaborar con las indagaciones del caso, con peritos y personal especializado.
(FIN) JCC-MVF/CCR