El Poder Ejecutivo pidió facultades para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga acceso al secreto bancario y reserva tributaria, con la finalidad de fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Según el proyecto de ley que presentó el Gobierno al Congreso para legislar en diferentes materias, con estas prerrogativas las UIF podrá cumplir “con sus funciones plenamente”.
Además, recordó que constituye una exigencia por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), organismo al cual el Perú busca ser miembro.
Asimismo, agrega que las UIF de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Guatemala y Estados Unidos, cuentan con esta prerrogativa.
“En tal sentido, otorgar esta facultad a la UIF – Perú, previa autorización de un juez superior designado por la Corte Suprema y dentro de un plazo oportuno, (…) permitirá que dicha unidad especializada realice sus funciones de análisis e inteligencia financiera con información completa (…)”, refiere el documento.
Información
De igual modo, se busca compartir información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre terrorismo y su financiamiento, traición a la patria y proliferación de armas de destrucción masiva, con los organismos de inteligencia que forman parte del Consejo Nacional de Inteligencia (COIN).
Además, la UIF detecta información sobre operaciones sospechosas de los delitos precedentes de lavado de activos, sin embargo, no puede compartir dicha información con el Ministerio Público, “por limitarse su habilitación legal a los delitos de lavado de activos y de financiamiento con el terrorismo”.
Registro
De otro lado, propone la creación del Registro de Beneficiarios Finales en la Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP, es decir “al propietario final o real de las acciones existentes al interior de una sociedad”.
“En tal sentido, se propone la creación de registro de beneficiarios finales a cargo de la SBS, que se alimente con la información que envíen las mismas entidades, o los sujetos obligados, de ser el caso, a fin de generar una mayor transparencia; y, que será accesible únicamente para las autoridades de prevención, detección y sanción penal”, dice el proyecto”.
(FIN) JCC/CVC