El debate del proyecto que plantea la promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social ingresó a un cuarto intermedio por decisión del Pleno del Congreso, que consideró necesario someterlo a un análisis más a fondo.
La decisión fue tomada en la sesión plenaria vespertina en vista de las posiciones discrepantes que generó este dictamen de parte de legisladores de diversas bancadas.
El proyecto de ley, proveniente del Poder Ejecutivo, había sido dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Parlamento.
Entre sus principales objetivos, el dispositivo propone darle a los titulares de los proyectos de inversión pública o privada una norma que agilizará el otorgamiento de autorizaciones, licencias y permisos, disminuyendo los costos de los mismos.
En cuanto a las evaluaciones ambientales, establece una colaboración entre las diversas entidades encargadas de dicho ámbito y una certificación ambiental integrada para dar más eficiencia y asegurar la calidad de los procedimientos hechos en ese rubro.
De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el proyecto no vulnera la posibilidad de realizar una consulta previa a los pueblos indígenas ni vulneran los derechos de esta población.
No obstante, según Yonhy Lescano (AP-FA), la ley debilita el cuidado del medio ambiente y criticó que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) reciba facultades para expedir certificados con los cuales sería posible proyectos que afectarían a la amazonía.
El legislador awajun Eduardo Nayap (NGP) consideró que la iniciativa busca debilitar los instrumentos ambientales y señaló que amplios sectores en la amazonía no tienen títulos, sino terrenos en cesión de uso, por lo cual se podría afectar a las comunidades de la zona.
Ello, indicó, generaría una serie de conflictos sociales.
No obstante, la congresista Marisol Pérez Tello (PPC-APP) destacó la importancia de la propuesta y consideró que el problema de falta de titulación puede resolverse con voluntad política.
Agregó que las comunidades deben ser informadas de las excepciones que se plantean y aclaró que la población indígena está protegida.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Federico Pariona (FP), dijo estar dispuesto a estudiar las partes, motivos de objeción, y planteó un cuarto intermedio.
(FIN) NDP/CCR
Publicado: 30/4/2015