17:14 | Lima, ene. 22 (ANDINA).
El magistrado Marino Cusimayta Barreto anunció hoy su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, luego que ese distrito judicial fuera cuestionado por su labor frente a la minería ilegal que opera en esa región.
“En defensa de los magistrados y trabajadores de esta Corte, que no somos corruptos ni tenemos vinculación con la minería ilegal renuncio al cargo como presidente encargado, pero en forma irrevocable”, sostuvo Cusimayta.
El magistrado pidió al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que identifique a las personas sospechosas de corrupción y "que no se generalice que toda la corte es corrupta, antes de someterla a una evaluación", subrayó.
“Mi nombre completo es Marino Gabriel Cusimayta Barreto y así los trabajadores que tienen un nombre no podemos ser considerados corruptos o vinculados con la minería ilegal”, precisó.
Indicó que en la Corte Superior hay graves problemas que deben ser resueltos por el Consejo Ejecutivo.
“Lo grave es que el Juzgado de Huepetuhe funciona en una casa de la familia Vaca Casas, que está procesada por varios delitos relacionados con la minería ilegal y el Estado no hace nada para conseguir un local y apartarnos de ambientes de donde queremos salir”, explicó.
Hace una semana el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) anunció que abrió una investigación por 60 días a la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios por los cuestionamientos a su labor administrativa y jurisdiccional en lucha contra la minería ilegal.
"Existen serios cuestionamientos a la labor que desempeña la Corte Superior de Madre de Dios, lo que afecta gravemente la labor del Poder Judicial”, señala el comunicado que divulgó el CEPJ.
El Consejo Ejecutivo, que preside el titular del Poder Judicial, Enrique Mendoza, precisó que la investigación incluirá a jueces, auxiliares jurisdiccionales y servidores en general.
Al respecto el CEPJ formó una comisión especial que se encargará de realizar inspecciones, investigaciones, auditorías y exámenes especiales en las dependencias administrativas y órganos jurisdiccionales para evaluar la conducta de jueces, auxiliares jurisdiccionales, funcionario y empleados, en un plazo de 60 días.
La Comisión es encabezada por el juez supremo José Luis Lecaros Cornejo; un magistrado de la OCMA por designar; el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Aristo Mercado Arbieto; el jefe de control institucional del Poder Judicial, contador Amércio Revilla Fernandez; y el coordinador del Gabinete de Asesores de la presidencia del Poder Judicial, José Fernando Álvarez Ferrando.
(FIN) LIT/MAO
Publicado: 22/1/2014