14:12 | Lima, set. 10 (ANDINA).
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, pidió hoy a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del gobierno regional del Callao que hagan los esfuerzos para reducir el hacinamiento del penal Sarita Colonia, mediante la ampliación de ese centro de reclusión o la construcción de un nuevo establecimiento en la Provincia Constitucional, dado que ha llegado a un nivel crítico que amenaza la seguridad de los internos.
Merino supervisó esta mañana el citado establecimiento y constató el crítico hacinamiento que lo afecta, debido a que su capacidad ha sido sobrepasada en un 400 por ciento.
El establecimiento fue construido para acoger a 500 internos, pero, en la actualidad, la población penitenciaria consta de 2 mil 600.
Por este motivo, Merino Lucero pidió la construcción de otro centro penitenciario en esta localidad.
“En esta supervisión hemos detectado el preocupante hacinamiento que muestra el penal, cada peldaño de una escalera tiene el nombre de un interno para dormir cuando llega la noche, lo cual afecta gravemente a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y la calidad de los servicios penitenciarios, lo que pone en un serio riesgo la seguridad penitenciaria y la seguridad ciudadana”, afirmó Beatriz Merino.
Indulto humanitario
De otro lado, la titular de la Defensoría del Pueblo afirmó que gestionará el indulto humanitario para los internos con enfermedades en fase terminal para que puedan pasar sus últimos días con sus familias, tal como se lo solicitaron durante su recorrido por este centro carcelario.
Visiblemente afecta por la realidad encontrada, Beatriz Merino dijo que remitirá a las autoridades del gobierno regional y del Ministerio de Justicia un informe sobre la grave situación de este recinto penitenciario, recomendando la ampliación de su infraestructura, de modo que permita una redistribución de la población penitenciaria, a fin de estabilizarlo, respetando los estándares mínimos de las condiciones de reclusión.
“Las medidas de seguridad ciudadana que se adopten deben extenderse a este componente clave en la lucha contra el delito, las cárceles, pero debemos hacer esfuerzos responsables para atender la seguridad penitenciaria y las políticas de resocialización”, afirmó.
“Si bien esta grave situación se debe, en gran parte, a factores externos a la administración penitenciaria, la Defensoría del Pueblo no puede dejar de señalar que algunas medidas concretas podrían mejorar dichas condiciones de detención”, señaló.
En ese sentido, la defensora del Pueblo recomendó proyectar, en el marco de una planificación penitenciaria, la construcción de un nuevo recinto penitenciario para la región del Callao, sobre la base de una capacidad de 2 mil internos.
Asimismo sostuvo que se debe incrementar el número de servidores especializados en el establecimiento penitenciario, tanto en el ámbito de seguridad como en el de tratamiento.
Finalmente, Merino exhortó a establecer un mecanismo adecuado de control y supervisión de la alimentación que reciben los internos por parte del concesionario a cargo de dicho servicio.
(FIN) NDP/LZD
Publicado: 10/9/2010