11:11 | Lima, may. 04 (ANDINA).
Unos dos millones de dólares demandaría la aplicación adelantada del nuevo Código Procesal Penal para casos de corrupción en Lima y ello permitiría acelerar los juicios por esos delitos, estimó hoy el ex titular de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, Walter Gutiérrez.
Según explicó, ese monto tendría “un impacto mínimo” en el presupuesto anual asignado al sistema judicial de Perú, y su aplicación inmediata se convertiría en “una señal clara” del Gobierno de lucha contra la corrupción.
“Por ello consideró importante el proyecto del ley presentado por el Poder Ejecutivo para juzgar y sancionar en plazos muy cortos a los funcionarios acusados por corrupción, mediante el adelanto de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal”, dijo a Andina.
Explicó que el costo aproximado de dos millones de dólares fue estimado por representantes del Banco Mundial, expertos en reforma judicial, y consideró que no hay argumentos válidos para demorar la aplicación a la brevedad del nuevo código.
“Es cierto cuando el presidente del Poder Judicial dice que ese adelanto sería muy oneroso, pero si es que hablamos de todos los juzgados del país. La aplicación de la medida en los juzgados y las fiscalías de Lima implica, definitivamente, gastos menores.”
Manifestó que sólo en Lima existen cuatro juzgados, seis fiscalías y una unidad de la Policía Nacional especializadas en materia anticorrupción, lo cual significa que la pronta aplicación del nuevo Código Procesal Penal es factible.
“Es decir, no existen argumentos válidos. Además, no comparto la crítica sobre que su aplicación favorecería a algunos funcionarios actualmente implicados en casos de corrupción. Por el contrario, aceleraría los procesos.”
Comentó que hace un año planteó al Presidente de la República, Alan García, la posibilidad de acelerar los plazos en la aplicación de este instrumento legal y combatir eficientemente la corrupción.
Según dijo, para lograr esa pronta aplicación del nuevo código también podría emitirse un decreto supremo.
“El marco legal permite regular los plazos de la implementación cuando se habla de especialidades o ámbitos geográficos. En el caso de Lima, hablamos de los delitos de corrupción como especialidad específica y de Lima como jurisdicción geográfica.”
Confió, en todo caso, en que el Congreso priorice el debate y posterior aprobación del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.
De acuerdo con la iniciativa legal, se dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos corruptos, pese a la existencia de un cronograma de implementación paulatina del instrumento legal en todo el país.
(FIN) JCP/GCO
GRM
Publicado: 4/5/2010