10:56 | Lima, set. 24 (ANDINA).
La Fiscalía Suprema de Control Interno abrió una investigación disciplinaria al fiscal supremo adjunto, Tomás Gálvez, a quien se le imputa haber archivado presuntamente de manera irregular la acusación que recaía en contra de la suspendida congresista Elsa Canchaya.
Así lo dio a conocer hoy el titular del órgano de control del Ministerio Público, Percy Peñaranda, quien señaló que de esta manera se dio trámite a la denuncia que presentó la Procuraduría del Congreso de la República.
El fiscal supremo adjunto de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, Tomás Gálvez Villegas, es investigado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, omisión y retardo de funciones, por supuestamente haber dilatado y fallado de manera contradictoria en el caso de la desaforada parlamentaria.
La denuncia de la Procuraduría del Parlamento se generó debido a que en una primera resolución de fecha 28 de abril, la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo decidió que Canchaya no podía ser acusada por los delitos de estafa y falsedad genérica en agravio del Estado.
Esto originó que la congresista sea procesada en el Poder Judicial solo por el delito de nombramiento ilegal para cargo público.
Estos tres delitos fueron interpuestos por el Congreso de la República, al señalar que la legisladora contrató a su empleada doméstica, Jacqueline Simón, en su despacho parlamentario, pese a que no contaba con los requisitos para ocupar cargo público.
Posteriormente, al verse librada de los dos delitos mencionados anteriormente, Canchaya presentó una excepción de naturaleza de acción para archivar también el delito de nombramiento ilegal para el cargo.
Tal pedido fue rechazado por la Vocalía Suprema de Instrucción.
Sin embargo, el 18 de agosto el fiscal Gálvez consideró que tal decisión debía declararse nula y que el recurso de Canchaya debía declarase fundado.
El titular de Control Interno declaró a la agencia Andina que se está recogiendo la documentación pertinente sobre este caso, a fin de determinar si el fiscal Gálvez Villegas cometió inconducta funcional en su actuación jurisdiccional, o si ésta llega a nivel penal.
Dicho magistrado ha negado haber cometido algún tipo de irregularidades al sostener que su resolución se ajusta a la ley puesto que Canchaya no tendría facultad para designar contrataciones.
Sin embargo, el procurador del Congreso, Julio Ubillús, señala que los congresistas tiene la facultad de decidir contrataciones en casos de personal de confianza, como fue en lo relativo a Jacqueline Simón.
Canchaya Sánchez es investigada judicialmente por la Vocalía de Instrucción de la Corte Suprema, que tiene la facultad de decidir finalmente si la suspendida congresista sigue siendo procesada o no.
(FIN) DHH/RES
Publicado: 24/9/2008