10:24 | Lima, abr. 14 (ANDINA).
La Célula Parlamentaria Aprista (CPA) presentó una iniciativa legislativa que modifica la Ley Marco del Empleo Público, prohibiéndoles a los funcionarios del Estado, militares y policías con dirección de mando la contratación de sus convivientes; y se establece un mecanismo para denunciar presuntos desbalances patrimoniales de cualquier servidor del Estado.
El proyecto, denominado “Ley Anticorrupción de los Servidores del Estado, Civiles, Policiales y Militares”, propone modificar el artículo 16° de la citada ley y contempla una disposición final única que precisa que cualquier ciudadano podrá formular denuncia por presunción de desbalance patrimonial.
La iniciativa señala que la queja respectiva podrá ser presentada ante la entidad en la que trabaja el servidor público (que se menciona en la queja); o directamente a la Fiscalía de la Nación, la Oficina Nacional Anticorrupción o ante la Contraloría General de la República.
“Al declararse fundada la denuncia, el denunciante será recompensado con el 50 por ciento del valor de los bienes incautados. El otro 50 por ciento será rematado y el monto ingresará al tesoro público a través del Ministerio de Economía y Finanzas”, indica el proyecto.
Se añade que la autoridad que recepcione la denuncia deberá guardar la reserva pertinente, tanto sobre el caso que motivó la queja como de la identidad del denunciante, bajo responsabilidad de sanción de destitución e inhabilitación de reingresar a la administración pública por cinco años.
Nepotismo
La iniciativa legislativa establece también que los funcionarios de dirección o el personal de confianza de las entidades y reparticiones del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP se encuentran prohibidos de contratar a sus convivientes, así como a los hijos nacidos fuera del matrimonio.
Para el efecto, se precisa que la prohibición prevista en esta norma se extiende incluso a las denominadas contrataciones por servicios no personales que existen en el país.
De igual manera, se indica que todos los empleados públicos quedarán obligados a presentar una declaración jurada anual de bienes y rentas, en tres originales, las mismas que deberán entregarse a la institución a la que acceden, a la Contraloría General de la República y a la Oficina Nacional Anticorrupción.
Y se añade que en dicha declaración se incluirán -a parte de los datos que exige la normatividad vigente- los nombres de los padres, hermanos, tíos, sobrinos y primos; señalando además las propiedades que tienen tanto al asumir como al momento de cesar en el cargo.
(FIN) NMC/FPQ
GRM
Publicado: 14/4/2008