El gobierno central restituyó a los municipios locales sus funciones para realizar de manera autónoma y con su propio personal, las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), mecanismo que les permitirá controlar más de cerca la seguridad en los locales de sus jurisdicciones.
Dicha competencia, que también incluye la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en los Espectáculos Públicos y No Deportivos (ECSE) y de Visita de Seguridad en Edificaciones (VSE), fue devuelta gracias a que el Gobierno prorrogó hasta el 31 de octubre de este año, mediante Decreto Supremo (N° 064-2018-PCM), el plazo para que los gobiernos locales adecuen sus trámites de ITSE, ECSE y VSE conforme a las disposiciones del nuevo reglamento.
Al respecto,
el gerente de Defensa Civil de la comuna limeña, Mario Casaretto, saludó esta medida que
permite a su despacho retomar y reforzar sus inspecciones periódicas a los locales comerciales, situación que en el Cercado de Lima se vio interrumpida parcialmente desde marzo de este año en que entró en vigencia el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM.
Casaretto dijo que inexplicablemente se le recortó competencias a las gerencias de Defensa Civil de los municipios.
“Hemos liderado esta lucha no solo en Lima, sino en todo el Perú ante la aprobación de un decreto viciado que presenta muchas aberraciones, como por el ejemplo, el hecho de obligar a los municipios de bajos recursos a tercerizar las inspecciones técnicas de seguridad en beneficio de compañías privadas que en el Perú, o son muy pocas, o no existen" manifestó.
El funcionario reiteró que su despacho logró esta decisión transitoria luego de insistir con varias cartas y reuniones a instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros, la Contraloría General de la República del Perú, el Ministerio de Vivienda y la Defensoría del Pueblo.
Recordó que el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM incurre en otras inconsistencias como fusionar las Licencias de Funcionamiento con los Certificado de Defensa Civil en un solo trámite, sin considerar que el primero es un tema administrativo mientras el segundo se refiere a un aspecto de seguridad.
“Asimismo, el nuevo reglamento también establece que para un concierto de 60,000 personas vaya un solo ingeniero a inspeccionar las instalaciones cuando antes debía acudir un equipo completo de ingenieros, arquitectos y electricistas”, dijo.
Por otro lado, criticó la forma en que el decreto fue dado en enero de este año y cómo entró en vigencia en marzo, situación que impedía a los municipios adecuarse al nuevo reglamento pues muchos gobiernos locales no habían gestionado sus presupuestos para esta contingencia ni tenían sus textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) aprobados.
“Ahora tenemos más tiempo para adecuarnos, o en su defecto, seguir insistiendo hasta lograr la derogación total del decreto”, puntualizó Casaretto La Torre.
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(FIN) NDP/ART
Publicado: 24/6/2018