La ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, y el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, suscribieron hoy un convenio para ejecutar ambos el proyecto de “Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao”, con una inversión de 2 millones 900,000 soles.
De esta manera, el Ministerio de Cultura se convirtió en el primer portafolio ministerial en ingresar bajo este esquema de coejecución. Este convenio se logró gracias al Decreto Legislativo N°1238 publicado el 26 de setiembre del 2015, el cual permite incorporar al sector cultura en los alcances de la Ley 29230, que regula el mecanismo de Obras por Impuestos, para poder financiar proyectos de inversión pública y al trabajo coordinado entre las partes.
El proyecto a ejecutarse en el citado complejo arqueológico, uno de los más importantes y antiguos de la costa norte del Perú y que recibe más de 45,000 visitantes al año, se centrará en labores de conservación arqueológica de un sector del mismo y demandará una inversión de 2.9 millones de soles, lo que permitirá incrementar la oferta turística.
El complejo arqueológico El Brujo forma parte de la denominada Ruta Moche, un recorrido cultural y turístico que incluye las Huacas del Sol y La Luna, la Ciudadela de Chan Chan, las Tumbas Reales del Señor de Sipán, entre otros.
Proyectos de puesta en valor
Asimismo, el portafolio de Cultura cuenta con una cartera de más de 15 proyectos de puesta en valor a nivel nacional. Entre ellos están La Catedral de Ica, el complejo arqueológico Chavín de Huantar, el complejo Belén en Cajamarca, la Casa de la Cultura de Piura, entre otros.
La Ley 29230, llamada “Ley Obras por Impuestos”, permite a una empresa privada, en forma individual o en consorcio, financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas para luego, con cargo a su impuesto a la renta, recuperar el monto total de la inversión.
Por su parte, los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas pagan el financiamiento sin intereses a cuenta de sus recursos de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas hasta 10 años después de finalizada la obra.
Este mecanismo permite acelerar la ejecución de proyectos, mejorar la capacidad de gasto de las entidades públicas, dinamizar la economía local, entre otros.
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