Andina

Contraloría detecta cuatro situaciones adversas en descolmatación del río Piura

Riesgos identificados están referidos a falta de autorizaciones, incumplimiento de plazos y otros

La Contraloría General de la República, a través de un equipo de auditores de la Contraloría Regional de Piura, identificó cuatro situaciones adversas en la ejecución del contrato para el servicio de descolmatación del cauce del río Piura, en el tramo comprendido desde el puente Bolognesi hasta la presa Los Ejidos.

La Contraloría General de la República, a través de un equipo de auditores de la Contraloría Regional de Piura, identificó cuatro situaciones adversas en la ejecución del contrato para el servicio de descolmatación del cauce del río Piura, en el tramo comprendido desde el puente Bolognesi hasta la presa Los Ejidos.

12:00 | Piura, ene. 27.

La Contraloría General de la República, a través de un equipo de auditores de la Contraloría Regional de Piura, identificó cuatro situaciones adversas en la ejecución del contrato para el servicio de descolmatación del cauce del río Piura, en el tramo comprendido desde el puente Bolognesi hasta la presa Los Ejidos.

Se trata del Informe de Control Concurrente N° 009 -2018-CG/COREPI-CC, el cual ya está a disposición de los ciudadanos en la página web de la Contraloría, para un mejor acceso a la información pública y mayor transparencia. 

Dicha acción comprendió la evaluación del hito de control N° 01, denominado Informe Quincenal en el referido tramo del afluente que divide los distritos de Piura y Castilla. La actividad de prevención fue convocada por un monto de 10 millones 898 432,54 soles.

Para el logro de este informe, la Contraloría desplegó un equipo de profesionales, entre auditores y otros especialistas, para intervenir a lo largo de diez tramos de los ríos Piura y Chira, donde se realizan labores de descolmatación y encauzamiento como medida de prevención ante un nuevo periodo lluvioso.


Riesgos identificados


Según la Contraloría, no se habría advertido que el contratista depositó el material descolmatado en lugares (botaderos) que fueron definidos en coordinación con la supervisión, pero sin la conformidad de la entidad. Adicionalmente, no evidenció las autorizaciones ambientales y sanitarias. La situación descrita afecta la calidad ambiental del proyecto y expone a la entidad a controversias y reclamaciones.

El informe indica que la entidad no habría cautelado que el contratista culmine los trabajos de descolmatación y eliminación de material arenoso en las fechas programadas, ya que el plazo contractual fue de 48 días calendario y vencía el 10 de diciembre de 2017. Este hecho expone a la población ante la ocurrencia de otro fenómeno natural y ocasiona que la entidad debe ejecutar las acciones previstas en la normativa vigente.

Otro riesgo identificado es que la entidad no habría adoptado acciones orientadas a cautelar que el contratista presente oportunamente el primer informe quincenal dentro de los plazos establecidos en las bases integradas del proceso (5 días calendario siguientes del periodo a informar). La situación descrita genera que la entidad ejecute las acciones previstas en la normativa vigente. La presentación no oportuna de este informe está afecto a penalidades, según detalla el contrato.


La Contraloría afirmó que lo mismo habría ocurrido con la cantidad de la maquinaria ofertada, generando que las actividades no se concluyan en la fecha prevista. Se evidenció que el consorcio no cumple con los nueve tractores ofertados en su propuesta. Este hecho expone a la población ante la ocurrencia de otro fenómeno natural y ocasiona que la entidad ejecute las acciones previstas en la normativa vigente, como una penalidad.

El control concurrente permite alertar oportunamente sobre hechos que podrían poner en riesgo la ejecución y cumplimiento de las obras y servicios proyectados, sin que se detengan los trabajos, a fin de evitar eventuales irregularidades, actos de inconductas funcional o eventuales hechos de corrupción.

Justamente, la Contraloría acompaña a los entes ejecutores (Gobiernos regionales, ministerios, municipalidades, etc.) para promover una adecuada ejecución de las obras y el bueno uso de los recursos públicos, en beneficio del país y la ciudadanía.

(FIN) NDP/LZD

También en Andina:



Publicado: 27/1/2018