La Contraloría General de la República podrá solicitar el levantamiento al secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios investigados, a fin de investigar y seguir el rastro del dinero relacionado con actividades ilícitas como el soborno.
Ello en cumplimiento de la
Ley 31507, Ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción, la cual da potestad al contralor general para solicitar, en el marco de una acción de control, el
levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios que administren o manejen fondos del Estado, en los tres niveles de gobierno.
“En un país donde la corrupción y la impunidad impera, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria es una herramienta importante en la lucha contra la corrupción porque permite investigar y seguir el rastro del dinero relacionado con actividades ilícitas, como el soborno”, afirmó el contralor Nelson Shack en el programa Puntos de Vista.
“Con esta información se conocerá el detalle de las cuentas y movimientos bancarios y financieros de un funcionario, sus tarjetas de crédito, información tributaria pública y no pública, entre otros, a fin de determinar desbalances patrimoniales y enriquecimiento ilícito”, manifestó.
Sostuvo asimismo que la directiva de la Contraloría regula el proceso y fija las pautas para el requerimiento de información protegida por levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria.
“La norma dispone que el requerimiento se realiza en el marco de un servicio de control posterior en la modalidad de auditoría forense cuando se advierta la existencia de indicios de presuntas irregularidades vinculadas a la comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y otros relacionados al uso y gestión de bienes y fondos públicos”, precisó.
El proceso para requerir información a las empresas y a los órganos de la administración y tributaria se desarrollará a través de un aplicativo informático habilitado por la Contraloría General.
Esta información se manejará en estricta reserva y no podrá ser cedida o comunicada a terceros o para fines distintos a los solicitados, bajo responsabilidad administrativa y penal.
“Al contar con esta importante herramienta damos señales claras a la ciudadanía que reclama y espera acciones rápidas contra la corrupción, pero también es una advertencia para aquellos que planean llegar al Estado para beneficiarse del dinero público”, apuntó Shack.
(FIN) NDP/MCA/CVC
JRA
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Publicado: 13/5/2024