La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) nos presenta una realidad desafiante, pero a la vez esperanzadora, la región requiere grandes inversiones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y enfrentar la amenaza del cambio climático.
De acuerdo con su informe “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2024”, las cifras son alarmantes. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a escala global, afirma que se requieren más de 7,000 millones de dólares anuales, y en el caso de América Latina y el Caribe, las proyecciones oscilan entre el 3% y el 8% del producto bruto interno (PBI). Belice, Haití, Nicaragua y Paraguay podrían necesitar hasta un 10% adicional de su PBI al año.
Sin embargo, en otros países, las estimaciones son más bajas, de un 2% del PBI. Según la Cepal, este esfuerzo inversor también deberá alinearse con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aprobadas por los países de la región en virtud del Acuerdo de París, señala informe publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.
Las contribuciones determinadas a escala nacional presentadas más recientemente contienen una variedad de metas de mitigación relativas y absolutas, algunas de magnitud significativa, así como ambiciosos objetivos sectoriales.
Algunos ejemplos a considerar
En este panorama adverso, también encontramos ejemplos inspiradores: Antigua y Barbuda se propuso generar el 86% de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2030, mientras que Saint Kitts y Nevis apunta al 100% de generación renovable. Las Bahamas, por su parte, planea tener un 35% de vehículos eléctricos y un 15% de híbridos en sus calles para el mismo año.
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La magnitud del desafío que tenemos por delante exige una respuesta audaz y coordinada. No podemos seguir con el statu quo, la inversión actual en la región es demasiado baja, especialmente en lo que respecta a la inversión pública en infraestructuras sostenibles, mitigación y adaptación al cambio climático.
Recursos
Para superar este obstáculo, se requiere un enfoque integral que aborde las diferentes áreas, detalla la Cepal. Una de ellas es la movilización de recursos para la sostenibilidad. Superar las restricciones fiscales y encontrar mecanismos innovadores para financiar la inversión en infraestructuras sostenibles, mitigación y adaptación al cambio climático son fundamentales.
La consolidación fiscal debe ser compatible con el crecimiento y la inversión verde. La emisión de bonos verdes, la creación de fondos de inversión climática y la movilización de recursos internacionales son algunas de las estrategias por explorar.
Es crucial fomentar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura climáticamente inteligentes. Se requiere crear un entorno propicio y transparente para las inversiones, así como incentivos fiscales y regulatorios adecuados, es clave para atraer capital privado. Las Asociaciones Público-Privadas (APP) pueden ser una herramienta poderosa para canalizar recursos y experiencia hacia proyectos sostenibles.
Gasto público
También es esencial mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público. En este caso se requiere la priorización de inversiones que generen retornos económicos, sociales y ambientales sostenibles debe ser la norma.
La inversión en educación, investigación y desarrollo, así como en la transferencia de tecnología verde, son inversiones en el futuro.
Es necesario asimismo marcos regulatorios y políticas sólidas que incentiven la inversión verde, promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, y protejan los derechos ambientales y sociales. Fortalecer las instituciones ambientales y climáticas en los países y la región es fundamental para garantizar una gobernanza efectiva en materia de sostenibilidad.
En las economías más grandes, como Brasil y México, la inversión pública se sitúa por debajo del 2% del PBI, o entre el 40% y el 60% de la cifra correspondiente a Estados Unidos (3.3% del PBI). Sin embargo, se registran significativos desembolsos de inversión pública en algunos países, como Ecuador, Nicaragua y Perú.
Este déficit regional puede atribuirse en parte a los efectos de una creciente consolidación fiscal para atender las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública, asegura la Cepal.
Para aumentar la inversión pública destinada a abordar el cambio climático, habría que superar fuertes restricciones fiscales.
Impuesto al carbono
Los impuestos al carbono, como los sistemas de comercio de derechos de emisión, buscan reducir las emisiones de GEI. Según el informe de la Cepal, estos impuestos pueden ofrecer ventajas a países en desarrollo, como generar ingresos, brindar certeza sobre la trayectoria futura de precios del carbono y promover inversiones bajas en carbono.
Sin embargo, su aplicación requiere atención a sus posibles repercusiones en el desempeño macroeconómico y el bienestar social.
El uso de los ingresos del impuesto al carbono es crucial para mitigar estos efectos. Reciclarlos mediante rebajas de impuestos, subsidios focalizados o inversión pública puede generar un “doble dividendo”: reducir emisiones y promover el crecimiento económico.
Se debe analizar el contexto de cada país para determinar cómo maximizar sus beneficios, considerando las implicaciones distributivas y de pobreza.
Detalles
En América Latina, se observa que los países pioneros en realizar el etiquetado para medir el gasto público climático fueron México y el Perú, según el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2024 de la Cepal.
México fue el primero, con una iniciativa en el 2013, en tanto que el Perú inició el proceso en el 2014, lo que refleja una conciencia temprana de la importancia de medir los recursos orientados hacia el logro de los objetivos climáticos en estos países.
En Panamá y el Perú se asignan una mayor proporción del gasto para programas de reducción de la contaminación.
En el caso del Perú, la función que concentra la mayor cantidad de recursos para el cambio climático es la protección del medioambiente, donde se destaca el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
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(FIN) DOP/SDD